La Mesa del Congreso aceptó finalmente tramitar una proposición de ley de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) para ordenar jerárquicamente las retribuciones de las autoridades y cargos públicos del país, después de que la formación de Rosa Díez renunciara a incluir en esta especie de tabla retributiva al Rey, a los presidentes del Congreso y el Senado y al resto de diputados y senadores.
La propuesta original de UPyD planteaba un estructura piramidal para la asignación de los sueldos en cuya cúspide estarían en Jefe del Estado y el presidente del Gobierno. Después habría un segundo grupo del que formarían parte los presidentes del Congreso y el Senado y, varios niveles por debajo aparecían primero los diputados y después los senadores.
El órgano de gobierno de la Cámara ya avisó hace dos semanas a UPyD de que los puntos de la iniciativa que afectaban al Rey implicaban una reforma de la Constitución, que establece que el jefe del Estado distribuye su asignación presupuestaria “libremente”.
Recordó además que tanto el Congreso como el Senado representan un poder legislativo que se regula con plena autonomía. Por eso, el órgano de gobierno de la Cámara dejó en suspenso la calificación de la iniciativa y dio al grupo proponente la posibilidad de reformularla para ajustarla conforme al Reglamento.
La formación magenta debía por tanto desgajar de su iniciativa lo relativo a la Corona y a las Cortes Generales y, si quería seguir adelante con ello, presentarla como una propuesta de reforma de la Constitución. Para entonces, UPyD volvió a registrar su iniciativa, tal y como lo hizo la primera vez, pero renunciando a los puntos que hacían alusión al Jefe del Estado y los miembros del Congreso y el Senado.
debate en pleno Tras esta modificación, fuentes parlamentarias confirmaron a Europa Press, que la Mesa del Congreso ya dio vía libre a la iniciativa que ahora esperará su turno para poder ser debatida en el Pleno del Congreso.
En concreto, el texto que pasó el filtro de la Mesa establece una pirámide de salarios a través de una clasificación de cargos públicos en grupos retributivos de tal manera que un grupo inferior nunca pueda percibir un salario bruto anual mayor al de otro cargo público de un grupo retributivo inmediatamente superior.
En la cúspide, Grupo 1, tras la desaparición de la mención al Jefe del Estado se sitúa ya únicamente al presidente del Gobierno, cuyo sueldo nadie podrá superar.