El portavoz económico de Izquierda Plural en el Congreso, Alberto Garzón, ve “probable” que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero forzara voluntades en la salida a bolsa de Bankia, tal y como denunció el ministro de Economía, Luis de Guindos, y lo achacó a la forma de gobernar de socialistas y populares, “pensando en las siguientes elecciones y no en las siguientes generaciones”.
Garzón lamentó que PP y PSOE hayan actuado “desgraciadamente” durante años “por intereses partidistas” por encima de los intereses de la sociedad y con el único objetivo de aumentar sus oportunidades electorales. “Si el criterio de PSOE y PP ha sido ese, es muy fácil de entender que cuando tuvieran el caso de Bankia pudieran presionar y forzar. Que decidieran dar una patada hacia delante a este problema en vez de resolverlo”, aceptó.
El diputado de IU por Málaga enmarcó dentro de esta política económica de socialistas y populares la deuda a la que ahora debe hacer frente el país y de que la que la coalición de izquierdas cree que debe hacerse una auditoría para saber “qué parte es ilegítima y qué parte no”.
Según explicó, este proceso llevaría a la decisión de no pagar la parte de la deuda derivada de procesos especulativos y hacer frente a una reestructuración de aquella que sí haya que sufragar. “Nosotros sí queremos pagar la deuda, pero hay que reestructurarla”, argumentó insistiendo en que otra parte no se puede pagar “porque fue creada para financiar rescates a una minoría social”, como los bancos o las autopistas.
Así, recordó precedentes en los que los organismos internacionales aceptaron una reestructuración de la deuda, como el caso de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial “que se le perdonó una parte para que pueda crecer económicamente”. “Esto es lo que necesitamos, sobre todo los países de la periferia del sur”, reconoció.
Garzón cree que los organismos internacionales históricamente se han opuesto a este proceso “hasta que han dejado de oponerse”, conscientes de que un nivel de deuda como el actual “no puede sostenerse”. Sin embargo, cree que ahora lo mantienen porque es “la excusa perfecta” para socavar conquistas sociales como la sanidad o la educación públicas.
Además, si IU logra llegar al Gobierno quiere poner en marcha un proceso de nacionalización de sectores estratégicos “para que no haya gente que pase hambre, viva debajo de un puente, no pueda calentar su casa o no le salga agua del grifo”.
También crearía una banca pública para poner la economía al servicio de las personas y crearía un ‘stock’ de viviendas que ofrecer a precios baratos. “Todo esto tiene un enemigo claro, la banca”, avisó.
Izquierda Unida tiene un plan para crear empleo que se llama “trabajo garantizado” y que contempla la creación de un millón de puestos de trabajo en un año con una inversión de 9.400 millones de euros. “Es una cantidad considerable, pero menor de lo que se gasta prorrateadamente cada año en salvar el sistema financiero”, defendió.
El plan contempla la salida de gente del desempleo para ocuparse de tareas como la reforestación forestal, la rehabilitación de viviendas, el reparto del trabajo de cuidados, del ámbito reproductivo o las energías renovables. “Hay mucho trabajo que hacer en la sociedad que no está satisfecho”, insistió.
