El Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas deberán llegar, antes de fin de año, a un acuerdo definitivo sobre la aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) hasta 2020 y cuyas líneas generales fueron aprobadas antes de verano por las instituciones comunitarias. A precios corrientes, en el caso de España, sobre la mesa se hallan 35.705 millones de euros para pagos directos y apoyo a los mercados para el período, a los que se suman otros 8.291 millones para desarrollo rural. En concreto, unos 5.800 en el primer pilar, ayudas y mercados, a los que se suman más de 1.000 para desarrollo rural.
En la conferencia sectorial celebrada el pasado mes de junio se logró un primer compromiso de mínimos por el que, entre otros puntos importantes, se acordaba que la aplicación de la PAC, la distribución de los fondos contenidos en el sobre que se asigne a España no se distribuirán con carácter regional, sino en base a una política estatal.
Arias Cañete tiene entre sus principales objetivos evitar transferencias importantes de fondos entre regiones, explotaciones o cultivos. En esa misma conferencia, entre otros compromisos, también se acordó no hacer pagos por debajo de los 300 euros, dividir el territorio en regiones agronómicas, no administrativas, donde se vaya a una convergencia de los pagos hasta que los más bajos sean en 2019 un 60% de la media y definir como pequeños agricultores a quienes perciban menos de 1.250 euros de ayudas directas.
A partir de esas líneas, el Ministerio y las autonomías han avanzado en los últimos dos meses en la letra pequeña, importante para aplicar la reforma, aunque sin llegar a un acuerdo cerrado en cuestiones como regionalización, definición de perceptores prioritarios a la hora de cobrar las subvenciones, superficies y los mecanismos de control.
En materia de regionalización, existe un pacto para que esa subdivisión del territorio donde es obligado ir a una convergencia de ayudas hasta 2019, se haga por criterios agronómicos, por tipos de superficies o cultivos, volumen de rendimientos, al margen de cuál sea la ubicación administrativa de las mismas. El objetivo es que no se produzcan grandes procesos de convergencia, que quienes mejoren lo hagan de forma discreta y que suceda lo mismo con quienes van a ver reducidos sus ingresos, aunque la propia reforma ya fija que, en caso de pérdida, nunca puede reducirse más del 30%.
El debate más importante se centra en la definición de agricultor activo o prioritario a la hora de percibir las ayudas desde el momento en que la Administración rechazó la posibilidad de establecer varias categorías dentro de esa misma calificación. Se rechaza la posibilidad de definir solo como activos a las personas que en este momento se hallen dadas de alta como autónomos en el Régimen de la Seguridad Social, actualmente unas 265.000 personas frente a los más de 900.000 beneficiarios de las ayudas. En su lugar pretende establecer varios parámetros.
Se considerarían como activos o prioritarios a efectos de las ayudas los pertenecientes a la Seguridad Social, pero que, además, justificasen que desarrollan una actividad agraria. Conocido es que, aunque hoy ya se ha producido una gran depuración de los censos, había muchas personas que vivían en el medio rural desarrollando otra actividad y que se hallaban dadas de alta en este régimen al tener una cotización más baja. Además de estas personas, podrían ser considerados como activos quienes invirtieran en la actividad agraria; quienes en sus declaraciones de la renta tuvieran un porcentaje a determinar de ingresos procedentes del sector y unos gastos en medios de producción agrarios.
No tendrían cabida como activos quienes cobraran ayudas de la PAC, pero en su declaración no tuvieran gastos por la actividad. Está por decidir qué volumen sería necesario en ayudas PAC por la parte alta para ser calificado como activo, pero también por la baja. En la mayor dando entrada a empresarios más fuertes, y en la menor a los más pequeños, trabajadores a tiempo parcial, considerando, además, que hay muchos profesionales que no tienen subvenciones.
Las partes tienen ya prácticamente decidido que el año de referencia a la hora de considerar las superficies elegibles no sea 2011, sino 2013. Aunque inicialmente se había dado por cerrada la cifra de 22,4 millones de hectáreas a las que asignar los derechos, no es así, y la misma podía oscilar entre los 22,5 y algo más de los 23 al haber aumentado superficies por derechos asignados de la reserva o la incorporación de otros pagos desacoplados de otras producciones. Pero, la Administración espera llevar a cabo una importante depuración en las superficies hoy consideradas como pastos, estimando que las mismas se podrían reducir en un millón de hectáreas.
Un punto importante donde Agricultura y las autonomías tienen igualmente las ideas claras es sobre la necesidad de aplicar unos rigurosos controles sobre las superficies de pastos y las cabañas ganaderas. No habrá ayudas sobre superficies donde sus propietarios no tengan registradas explotaciones con cargas ganaderas y, además, de que esas cargas respondan a las dimensiones de las superficies de pastos. Podrán seguir existiendo superficies a grandes distancias de donde se hallan ubicados los animales, pero habrá un control de que existen y se mantienen en las debidas condiciones.
En relación con la Política Agrícola Común, también cabe señalar dos cuestiones de interés. La primera, respecto a la última reforma, la decisión de aplicar una reducción o modulación del 5% a todos los pagos superiores a los 150.000 euros, pero sin establecer techos de ayuda por beneficiario, donde antes se hablaba de hacerlo en los 300.000 euros. Eso sí, cada país tiene la posibilidad de aplicar a partir de los 150.000 euros otros porcentajes de modulación cuyos importes irían para desarrollo rural.
La segunda es la propuesta comunitaria para rebajar los pagos correspondientes a las peticiones de 2013 en un 2,5% como disciplina financiera a partir de los 2.000 euros. La propuesta inicial fue reducir el 4.9% a partir de los 5.000 euros y posteriormente la rebajó hasta el 4%.
