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TRIBUNA
El TS archiva la causa de Garzón por los cursos de Nueva York
La resolución del proceso admite, no obstante, que el juez suspendido cometió una falta económica relacionada con los cobros de unas conferencias en la Universidad.
Europa Press - Madrid | 14/02/2012
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  Una pancarta de apoyo Garzón, colocada frente a la sede del Supremo. / Reuters.

El magistrado Manuel Marchena, que instruye la causa abierta en el Tribunal Supremo (TS) contra Baltasar Garzón por un presunto cohecho impropio relacionado con su organización de unos cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006, se vio obligado ayer a archivar esta investigación al considerar que, a pesar de que el juez actuó de forma delictiva, los hechos han prescrito al superar, en 25 días, el plazo establecido.
El Alto Tribunal defiende en su escrito que el magistrado cometió el delito por el que se le imputaba, pero aclara que los hechos no se pueden juzgar ya que han superado el período establecido para ello que es de tres años.
El informe detalla que el último de los pagos que recibió Garzón tiene fecha de 17 de mayo de 2006, mientras que la querella se presentó el 12 de junio de 2009 «cuando habían transcurrido 3 años y 25 días desde la comisión de los hechos». Por ello, indicó que «no ha lugar a la apertura de juicio oral».
La financiación de los cursos
-aseveró Marchena- «habría acarreado unas consecuencias jurídicas inmediatas» para el juez de no haber transcurrido el plazo. Por tanto, según el magistrado, la causa tendría «un desenlace bien distinto al que, finalmente, ha tenido el procedimiento».
«Las cartas, documentos y certificaciones incorporados al proceso hablan por sí solos cuando se trata de explicar el propósito de los patrocinadores y del juego», agregó el instructor en su resolución, que destaca que la investigación no ha confirmado, no obstante, la comisión por parte del hasta ahora juez de la Audiencia Nacional de un delito de prevaricación, lo que hubiera extendido el plazo de prescripción del delito a los 15 años.
Marchena detalló, asimismo, que el dinero, un total de 1.237.000 dólares, recibido de cinco empresas, entre ellas el Banco Santander, fue destinado al magistrado «en atención al cargo que ostentaba». El auto desveló también que el juez pidió alrededor de un millón más, pero los patrocinadores no le concedieron todo lo solicitado «por el carácter injustificado de los presupuestos económicos» o «por la falta de seriedad en la descripción de los proyectos».
En este proceso, la acusación popular, que ejercen los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, solicitaban penas de hasta cinco años de prisión y 30 de inhabilitación al considerar que Garzón desarrolló una actividad «delictiva» al reclamar a cinco empresas españolas (el Banco Santander, Endesa, Telefónica, BBVA y Cepsa) que patrocinaran los cursos que dirigió en el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.
Por ello, y tras conocer el auto dictado del Tribunal Supremo, anunciaron su intención de recurri la decisión al considerar que existe prevaricación y que, por tanto, el delito no ha prescrito.

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