El que fuera titular de Fomento durante la última legislatura de Zapatero, así como secretario de Organización de Ferraz, está pasando momentos muy delicados. / Efe

Blanco lo tiene cada vez más oscuro. Con este chiste fácil del portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, se podría resumir la situación judicial del exministro de Fomento, ya que el Supremo (TS) se declaró ayer competente para investigar al dirigente socialista en relación con la Operación campeón, a la vez que designó instructor de la causa al magistrado José Ramón Soriano.
El Alto Tribunal accede así a la petición que el pasado 28 de noviembre le hizo la Fiscalía, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, apreciara indicios de delitos de cohecho y tráfico de influencias en la actuación de Blanco, al que un empresario acusa de haber hecho gestiones en su favor a cambio de dinero.
La exposición razonada contiene las declaraciones prestadas desde hace cuatro meses por el propietario de la farmacéutica Nupel, Jorge Dorribo, en las que aseguró que el que fuera portavoz del PSOE en la Cámara Baja había hecho gestiones para que el Ministerio de Sanidad agilizara la tramitación de varios expedientes que afectaban a su compañía.
En sus primeras manifestaciones, este hombre de negocios omitió un dato que sí incluyó en otra prestada en octubre: que el pasado 5 de febrero, instantes antes de verse con Blanco en una estación de servicio de Guitiriz (Lugo), entregó a un primo político del ministro, Manuel Bran, un sobre con 200.000 euros en billetes de 500, y que supone que éste dio luego el dinero al titular de Fomento.
Acosado por los medios, y a las puertas de la campaña electoral -6 de octubre-, el político gallego admitió, a través de un comunicado, que el encuentro en la gasolinera tuvo efectivamente lugar, pero que «no recibió ni cobró nada». Ese mismo día, la número dos de Rubalcaba dio su versión de los hechos, rozando lo berlanguiano: «Como tenían que verse luego en el restaurante, quedaron un poco antes de la llegada en una gasolinera, como podrían haber quedado en una cafetería o en la entrada del restaurante».
Además de las supuestas gestiones en favor de Dorribo, la exposición razonada de la juez de Lugo incluye la presunta intervención del exministro para que un socio del anterior, el vicepresidente de Azkar, Antonio Orozco, consiguiera la licencia para construir una nave en la localidad barcelonesa de Sant Boi de Llobregat.
La competencia para investigar a Blanco es del Supremo porque, pese a no ser ya titular de Fomento, mantiene su condición de aforado por haber resultado elegido diputado al Congreso por Lugo en las últimas elecciones. Una vez admitida por el TS la competencia para instruir la causa, podrá solicitar declarar voluntariamente como imputado.
Las reacciones llegaron desde el PP, el PSOE (solo Valenciano dio la cara por él) y el propio Blanco, que mostró su «respeto» a la Justicia, al tiempo que señaló que tiene la seguridad de que la investigación clarificará «las falsas acusaciones» y primará la verdad.
En Génova, el diputado por Palencia Ignacio Cosidó resumió el sentir de su partido: «Lo peor del señor Blanco es que él exigió una responsabilidad política a los demás que ahora no se exige a si mismo». Sorprendentemente, el BNG, que se vio salpicado por el escándalo, optó por el silencio.

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