Fotografía de archivo tomada el pasado día 2 del entonces ministro de Fomento y portavoz del Ejecutivo, José Blanco./ EFE

Así lo han informado hoy fuentes del alto tribunal, que han señalado que la decisión ha sido adoptada por la llamada sala de admisión, formada por el presidente de la sala de lo penal del Supremo, Juan Saavedra, y los magistrados Francisco Monterde, Miguel Colmenero, Perfecto Andrés Ibáñez y Julián Sánchez Melgar, que ha actuado como ponente de la resolución.

El Supremo accede así a la petición que el pasado 28 de noviembre le hizo la Fiscalía después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, apreciaba indicios de delitos de cohecho y tráfico de influencias en la actuación de Blanco, al que dos empresarios acusan de haber hecho gestiones en su favor a cambio de dinero.

La exposición razonada enviada al alto tribunal por la magistrada San José contiene las declaraciones prestadas desde el pasado mes de agosto por el propietario de la farmacéutica Nupel, Jorge Dorribo, en las que aseguró que Blanco había hecho gestiones para que el Ministerio de Sanidad agilizara la tramitación de varios expedientes que afectaban a su compañía.

En sus primeras declaraciones, Dorribo omitió un dato que sí incluyó en otra prestada el pasado mes de octubre: que el pasado 5 de febrero, instantes antes de verse con Blanco en una gasolinera de Guitiriz (Lugo), entregó a un primo político del ministro, Manuel Bran, un sobre con 200.000 euros en billetes de 500 y que supone que éste dio luego el dinero al titular de Fomento.

Blanco ha admitido que el encuentro en la gasolinera tuvo lugar, pero en un comunicado hecho público el pasado 6 de octubre a través del Ministerio aseguró que "no recibió ni cobró nada" de Dorribo, "ni directa ni indirectamente, ni en metálico ni en transferencia, ni en sus cuentas ni a través de personas interpuestas".

La competencia para investigar a Blanco es del Tribunal Supremo porque, pese a no ser ya ministro de Fomento, mantiene su condición de aforado por haber resultado elegido diputado al Congreso por Lugo en las elecciones del pasado 20 de noviembre.

Una vez admitida por el Supremo la competencia para instruir la causa, Blanco podrá solicitar declarar voluntariamente como imputado, sin que se tenga que cursar el correspondiente suplicatorio al Congreso.

Ese trámite será necesario, sin embargo, si una vez prestada esa declaración el instructor acuerda no archivar la causa y decide continuar la investigación.