Pablo Soto.

Después de que Pablo Soto, creador de varios programas P2P de intercambio de archivos entre usuarios de Internet, fuera absuelto el pasado lunes de una demanda de varias discográficas por sus prácticas en la red, el hasta entonces acusado planea la venganza y podría querellarse contra Warner, Universal, Emi, Sony-BMG y la asociación Promusicae.
«Ahora nos toca a nosotros», apuntó ayer su abogado defensor, David Bravo, ya que se plantean, por un lado, la posibilidad de pedir a las empresas que les embolsen daños y perjuicios y, por otro, la opción de querellarse contra los demandantes, «porque en el proceso hay algunos indicios de un delito contra la Administración de justicia».
En el momento de la reclamación, en 2008, las compañías «tenían un poder económico que se notó en el juicio» y ellos contaban «como punto a favor la ley», aseguró el letrado, para quien las discográficas contaban con una mayor capacidad de defensa, pero Soto, creador de las plataformas P2P Blubster, Piolet y Manolito, tenía el argumento de que en España no es ilegal ese desarrollo.
Bravo también indicó que la sentencia, que desestimaba la causa de las demandantes contra Soto porque los programas P2P no son un «instrumento apto per se para desproteger obra intelectual», es un «golpe a la Ley Sinde».
Las firmas han basado su defensa, explicó, en un desarrollo doctrinal estadounidense que no existe en España y con el que se condenó a Napster por «contribución a la infracción», actividad que también pretendía perseguir la mencionada normativa, según destacó el abogado. «La propia demanda ha sido una condena», aseguró el letrado, ya que Soto ha tenido que hacer frente a los costes del proceso y ha perdido inversores en su empresa, que la veían inmersa en una causa judicial por la que los demandantes pedían 13 millones de euros.
Con respecto a la posibilidad de que la otra parte recurra la actual sentencia, intención que ya ha manifestado, declaró que las discográficas «dijeron desde el principio que iban a ir hasta el Supremo si hacía falta», aunque consideró que Soto tiene la ley de su parte.
Sobre la duración del proceso, Bravo precisó que las compañías aportaron «multitud de testigos y peritos», de forma que hicieron del pleito «algo imposible de desenmarañar». Tanto es así, agregó, que el juez ha necesitado varios años para llegar a esta resolución y que el primer magistrado que se hizo cargo del proceso «se jubiló antes de dictar sentencia».
El abogado se congratuló de la sentencia, ya que consideró que el magistrado «ha sido impermeable» a la presión de la parte demandante, que sabe «manejarse bien en terrenos jurídicos, pero también en el mediático».
«A la gente le agredía a su propio sentido común esta querella; detectaron que Pablo era un cabeza de turco a quien habían utilizado para intentar destrozarle y pasearlo por la plaza del pueblo como aviso a navegantes», sentenció.