José Tomás, el diestro de Galapagar, ha sido el único torero que ha llenado la Monumental de Barcelona en las últimas ferias. / EFE

Tal y como prometió la víspera después de que el Parlamento catalán prohibiera los toros en la región mediterránea, el grupo parlamentario del PP en el Congreso presentó ayer una proposición en al que insta al Gobierno a que ponga en marcha «los instrumentos de protección necesarios» para defender «el interés turístico y cultural» de la fiesta de los toros tanto en España como en el exterior.
Los populares, además, se amparan en la Constitución para pedir la defensa de la igualdad de los españoles en el acceso a espectáculos taurinos, «como parte del Patrimonio Cultural en todo el territorio nacional».
Así consta en la iniciativa de ley que registraron en la Cámara Baja, tal y como avanzó la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, y confirmaron después fuentes de la dirección del grupo conservador.
Cabe recordar que la abolición decretada por Legislativo regional entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2012, lo que deja margen temporal para el contraataque del partido de Mariano Rajoy.
Según recoge el texto de la iniciativa, el PP persigue como objetivo «la protección de la fiesta de los toros por su interés cultural y turístico» y la regulación de las funciones de la administración para organizar y celebrar tales eventos, de modo que se garanticen «los derechos e intereses del público que asiste a ellos y de cuantos intervienen en los mismos».
La propuesta supone modificar la Ley 10/1991, del 4 de abril, sobre espectáculos taurinos.
Sugiere añadir una disposición adicional con la que insta al Ejecutivo a que apruebe los «instrumentos de protección necesarios» y acordes con el «interés cultural y turístico» de la fiesta de los toros, tanto en ámbito nacional como en internacional.
La aplicación de la norma, tal y como añade el PP, se aplicará «en defecto» de las disposiciones que a tal efecto aprueben las comunidades autónomas y, así, deja claro que la protección de las fiestas taurinas, por su interés cultural y turístico, corresponde al Estado.
Por ello, si se quiere cambiar la ley, serán las Cortes Generales las que tengan potestad para ello.
En su exposición de motivos, los populares recuerdan que la Constitución española consagra la libertad e igualdad de los españoles, a cuya protección están obligados los poderes públicos.
Tras especificar que la voluntad de los constituyentes fue la de considerar la cultura «como un deber y una atribución esencial del Estado», el PP recalca que el Gobierno central se erige así en «el principal garante» de la promoción y tutelaje del acceso a la cultura en todo el territorio nacional.
Por otra parte, un juzgado de Barcelona admitió a trámite un recurso contra los toros de fuego y ensogados, que forman parte de los tradicionales correbous, que se celebran sobre todo en el sur de Tarragona y que no suponen la muerte del animal.
La queja, presentada por la Asociación para la Protección y el Bienestar de los Animales, responde a una sentencia que autoriza de manera expresa tales espectáculos como «actos reglados».