Los detractores de mantener la Fiesta nacional en Cataluña hicieron gala de escasa imaginación a la hora de protestar. / REUTERS

La prohibición de las corridas de toros en Cataluña, aprobada ayer por el Parlament, no solamente supone una afrenta a la cultura y la identidad española, sino que, además, podría acarrear enormes costes económicos a la ciudadanía. De hecho, el capricho de los independentistas, tolerado por un Montilla cada día más carente de rumbo, podría suponer nada menos que la obligación de indemnización con más de 300 millones de euros a todos los afectados.
Tal es la cifra que las Administraciones Públicas tendrán que abonar a los promotores de este tipo de festejos, al menos de hacer caso a un estudio difundido por la Plataforma para la Promoción y Difusión de la Fiesta de los Toros.
Dicho cálculo se basa en los 4,4 millones de euros en concepto de ingresos que generó la temporada taurina de Barcelona en 2007, a razón de las más de 111.000 localidades vendidas en La Monumental, a una media de 40 euros cada una, y apela al Derecho Civil para asegurar que, en caso de impedir el uso de una licencia de actividad, se debe indemnizar el ejercicio de la misma durante los siguientes 99 años.
El informe hace referencia tanto al daño emergente como al lucro cesante y se fundamenta en que, como en el ejercicio económico que generan las corridas intervienen muchos actores (toreros, ganaderos y propietarios del coso, entre otros), también son muchos los que deberían recibir la correspondiente compensación.
No obstante, la asociación reconoce que la afición taurina ha sufrido un importante descenso en la Comunidad catalana, tal y como reflejan los datos sobre los eventos celebrados, que pasaron de 37 en el año 2001 a 16 en 2007.
Sobre la cantidad reclamada, la entidad calcula que la abolición causaría un daño emergente de entre 50 y 150 millones de euros. Tal y como manifiestan los taurinos, en la medida en que se prohíbe desarrollar una actividad económica, la Administración debe hacerse cargo del lugar donde tiene lugar (en este caso la plaza de toros de Barcelona, La Monumental), basándose en el valor catastral.
Al mismo tiempo, en virtud del lucro cesante, la Administración debería abonar los ingresos que se dejarán de generar en el citado coso, que, a razón de cuatro millones al año, durante 99 años, supondría algo más de 250 millones.
En suma, la suma de ambos conceptos arrojan una cantidad final de entre 300 y 500 millones que, según los cálculos de los pro taurinos, supone que el veto de las corridas de toros costará a cada ciudadano catalán unos 57 euros de su bolsillo.
Por supuesto, no fue esa carga para la ciudadanía la principal causa de las escenas de tensión que se vivieron tras conocerse el veto y que enfrentaron abiertamente a partidarios de la Fiesta nacional con algunos miembros de la clase política regional al término de la sesión plenaria.
En realidad, como la propia prohibición en sí, lo que más enerva los ánimos es la intencionalidad política que se oculta tras una decisión articulada por los separatistas para distanciarse del resto de España.
De ahí que fueran el presidente del Hemiciclo, el republicano Ernest Benach y la cabeza visible de CiU, Artur Mas, el blanco principal de las iras de la multitud de ciudadanos, que les insultaron a la salida del Parlament. «¡Traidor!» o «sinvergüenza», fueron los adjetivos más pronunciados por parte de una ciudadanía no tan harta de que se impida asistir con libertad a un espectáculo como de que los nacionalistas manipulen a la sociedad en su propio interés.
Pero no solo fueron increpados Benach y Mas, ya que, en mayor o menor medida, todos los diputados que fueron abandonando el hemiciclo regional se convirtieron el centro de las críticas de los allí presentes. Incluso varios miembros del PSC, que a título individual, pero siempre con el consentimiento de Montilla, se sumaron a la prohibición, fueron igualmente insultados con saña por los defensores de las corridas de toros.