El ministro de Fomento, José Blanco, compareció ayer en la Comisión del Congreso para anunciar el recorte. /EFE

El Ministerio de Fomento suspenderá o retrasará hasta cuatro años la ejecución de unos 230 contratos de carreteras y ferrocarriles, el 20 por ciento del total de 1.166 actuaciones de más de un millón de euros actualmente en marcha, según anunció ayer el titular del departamento, José Blanco. Castilla y León, Cataluña, Cantabria y Aragón son las comunidades más afectadas por estos recortes ya que copan 20 de los 32 contratos de obra y ferrocarril del Gobierno.
El dirigente socialista atribuyó esta reprogramación al tijeretazo de 6.400 millones de euros que sufrirá el presupuesto inversor de su Departamento en el período 2010-2011 por las medidas antidéficit del Gobierno, pero también a la necesidad de revisar la política de construcción de nuevas dotaciones de transporte a partir de criterios de eficiencia y racionalidad. Así, del total de obras afectadas por el ajuste, 32 proyectos, el 2,7 por ciento del total en curso, se rescindirán, y otros 199 (el 17 por ciento) sufrirán una demora en su ejecución de entre uno y cuatro años. Los 885 contratos restantes, el 80 por ciento del cómputo global, «seguirán su curso sin ninguna alteración».
En cuanto a los proyectos anulados, en última instancia se reducirán a 18, todos ellos de autovía, toda vez que el Ministerio prevé volver a contratar 14 para ejecutarlos en colaboración con el capital privado en el marco del Plan Extraordinario de Infraestructuras que actualmente ultima.
Asimismo, Blanco indicó que el «inevitable» ajuste presupuestario ha obligado a Fomento a «replantearse todo el programa de inversión pública para los próximos cuatro años», por el carácter plurianual de sus proyectos.
Además, aseguró que ha buscado «minimizar» la rescisión de contratos, para limitar el impacto en las constructoras, «maximizando» por contra el alargamiento de los plazos de ejecución «para ajustarlos al nuevo escenario presupuestario, más restrictivo en el gasto». Así, el político gallego explicó que se han anulado los contratos que requerían modificaciones de importe elevado, los que no encajaban con las nuevas prioridades de rentabilidad social y económica, y aquellos que son susceptibles de ejecutarse con capital privado.
Pese a todo ello, el ministro aseguró que la obra pública no se detiene. Según detalló, la inversión media anual en infraestructuras en el período 2009-2012 será similar a la del de bonanza (2005-2008), en parte gracias a la puesta en marcha de dicho Plan Extraordinario que busca movilizar 17.000 millones de euros para la obra pública en dos años en colaboración del capital privado, el ICO y el BEI.
No obstante, durante su comparecencia en la Comisión de Fomento, el ministro manifestó su intención de gobernar con «responsabilidad» ante la realidad actual, en línea con la voluntad del Gobierno de «hacer cosas, aunque no sean las que más convengan políticamente». En este punto, anunció que propondrá la creación de Subcomisión parlamentaria para replantear la política de la obra pública.
Con estas medidas tan impopulares -que se han ganado las críticas de las cuatro regiones más afectadas; tres de las cuales no gobierna el PSOE-, insistió en sus objetivos de reducir en una media del 22 por ciento los costes de construcción de las nuevas infraestructuras, no emplazar autovías gratuitas donde ya existen autopistas de peaje, acabar con el todo gratis y sopesar que los usuarios paguen por utilizar algunos servicios, y replantear la viabilidad de determinadas líneas de tren.
«No niego que tendrá repercusión sobre la actividad y el empleo, pero hay que abordar el ajuste y tomar decisiones en función de prioridades», declaró el titular de Fomento. Esta nueva estrategia del Gobierno supondrá que entre 100.000 y 115.000 personas, según UGT y CCOO -así como las constructoras, que prevén una cadena de EREs-, tengan como principal prioridad en los próximos meses -y años- buscar trabajo, pues lo perderán.
No obstante, Blanco llamó a este sector a «reestructurarse». Así, mostró su convencimiento de que las constructoras españolas, «que cuentan con un prestigio internacional indiscutible, están en condiciones de dar respuesta a los problemas que afrontan países que cuentan con una red de infraestructuras desarrollada, pero también los de los emergentes».
Los empresarios no han recibido nada bien la medida, pues, como subrayó el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, se va «directa y clarísimamente» a penalizar el empleo.
En esta línea se halla el responsable de Economía del PP, Cristóbal Montoro, que consideró la medida como «muy negativa», y recordó que el primer Gobierno de Aznar tuvo que reducir el déficit público para converger con Europa y lo hizo «compatible» con la promoción de la inversión pública, «porque sin ella nos falla el crecimiento y, lo que es peor, la creación de empleo».
Asimismo, el ex ministro defendió la necesidad de abordar una reforma institucional del Estado de las Autonomías para reducir el déficit público, ya que así se lograría evitar «la duplicación de competencias».