El presidente del Gobierno, durante su intervención. / EFE

El Ejecutivo mantiene su intención de elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Así lo señaló ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su primera intervención en el Debate sobre el estado de la Nación. El socialista ratificó la propuesta del Ejecutivo para elevar la edad legal de retiro de forma progresiva en un plazo de 12 años, y reiteró su intención de ampliar el período de cálculo de las pensiones para evitar el perjuicio que supone perder el empleo en los últimos años de la vida laboral.
Durante su discurso, el líder del PSOE mencionó su apuesta por aumentar el tiempo necesario para tener derecho a una pensión para «mejorar su grado de contributividad», y apostó por «medidas relevantes» para la sostenibilidad que afecten a las jubilaciones anticipadas y prejubilaciones.
Así, el inquilino de la Moncloa se mantuvo firme en el planteamiento de reforma del sistema de subsidios remitido por el Gobierno al Pacto de Toledo y mostró su deseo de que éste pueda promoverse «cuanto antes» y con el más amplio consenso posible.
Aunque Zapatero insistió en que el sistema de pensiones se encuentra en situación de superávit y «no presenta problema de solvencia alguno», aseguró que tampoco se puede «cerrar los ojos» a una reforma ante el progresivo envejecimiento de la población. «No es un problema de hoy, pero lo debemos resolver», añadió. «Tenemos despejar cuanto antes las incertidumbres sobre la sostenibilidad del sistema», dijo, «para reforzar la credibilidad de las finanzas públicas».
Además de reafirmarse en la propuesta de reforma del sistema de pensiones que el Gobierno trasladó al Pacto de Toledo, que fueron respondidas por los sindicatos con movilizaciones, el jefe del Ejecutivo defendió la reforma laboral, que ha motivado la convocatoria de la huelga general del próximo 29 de septiembre. Con una de cal y otra de arena, quiso calmar los ánimos de los sindicatos y aseguró que entre los objetivos de la modificación laboral «no figura el debilitamiento» de CCOO y UGT -ambas centrales se apresuraron a confirmar la huelga general-. «Que nadie lo espere, siguen siendo la mejor representación de los trabajadores. Sin ellos, la defensa de los empleados quedaría definitivamente debilitada», afirmó entre aplausos de la bancada socialista.
Más centrado en el trámite parlamentario de la reforma del mercado de trabajo, Zapatero reconoció que ésta «es mejorable» y aseguró que las centrales sindicales «tienen una posibilidad relevante de colaborar para que la variación dé de sí todas sus potencialidades de cambio». «El Gobierno desea concluir la reforma con el mayor consenso y, por ello, está abierto a incorporar las enmiendas que puedan ayudar a aumentar su efectividad», apostilló.

SOLUCIONES EMPRESARIaleS

Por otro lado, Zapatero tuvo algún guiño también para los empresarios cuando desgranó algunos de los aspectos más relevantes de la reforma laboral. Según dijo, el decreto del Gobierno incluye medidas «de calado» que se dirigen a aumentar la flexibilidad interna de las compañías a través de la aplicación efectiva de las cláusulas de descuelgue y los expedientes de reducción de jornada.
«Se trata de medidas destinadas a buscar soluciones reales a las necesidades de las empresas y que ofrezcan alternativas distintas a la supresión de puestos de trabajo», explicó, antes de añadir que, por el lado de la flexibilidad externa, la modificación clarifica las causas del despido objetivo «para preservar la viabilidad de las firmas».
Por último, Zapatero quiso recomponer el tercer lado del triángulo que forma el diálogo social, roto tras el desencuentro entre patronal y sindicatos de los últimos meses, recordando que todas las disposiciones para aumentar la flexibilidad del mercado de trabajo son «medidas que requerirán acuerdo entre empresarios y representantes de los trabajadores».