Los presidentes de las siete entidades que integran el nuevo SIP surgido en torno a Caja Madrid, ayer en Logroño. / Efe

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al Real Decreto Ley de reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (Lorca), que modifica en profundidad el régimen jurídico de estas entidades. De hacer caso al Gobierno, tal normativa debe servir para facilitar su financiación y profesionalizar su gestión, de modo que se «fortalezca el sistema financiero español». No obstante, en caso de atender a la jefa de UPyD, Rosa Díez, la realidad es bien distinta, puesto que las modificaciones legales solo servirían para mantener a las cajas bajo la completa tutela de los partidos, ya que podrán seguir nombrando representantes en los órganos de dirección, aunque en ellos no haya cargos electos. A juicio de la ex socialista, tal fórmula supone una «chapuza» pactada entre el PSOE y el PP para que ambas formaciones «puedan seguir mangoneando las cajas».
Díez destacó que UPyD considera «urgente» la reforma de la Ley que regula estas entidades, pero rechaza que se haga por la vía del decreto ley, «con opacidad y sin dar al Parlamento más opción que la adhesión o el rechazo».
Para arrojar nuevas sombras sobre esa pretendida intención de despolitizar las cajas, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, aseguró que la salida de los cargos electos de los órganos de control contará con «un período de transición» -de tres años después de que se termine el mandato de los actuales consejos- y matizó que los representantes de las comunidades seguirán presentes «en una comisión de obra social» sin influencia sobre la actividad financiera, pero en cuyas manos recaerá la gestión de una buena parte de los fondos de las cajas.
«Se permite un tamaño del consejo de administración que, transitoriamente, pueda ser mayor a efectos de poder hacer una transición ordenada», declaró Salgado tras el Consejo de Ministros.
En cuanto a la entrada en los órganos de administración de los representantes de las cuotas participativas, la vicepresidenta señaló que las emisiones de estas cuotas «serán graduadas» de acuerdo «con la voluntad de la propia caja», y que, además, los actuales órganos de administración «podrán hacerlo en el momento que deseen y con la carencia que deseen».
Además, la socialista apuntó que, en caso de que el capital privado llegue a ser superior al 50 por ciento establecido como máximo por la norma, «la caja pierde su naturaleza, salvo en la única situación transitoria que está prevista en el FROB y que se deriva de una posible intervención».