El pacto de EA y Batasuna oculta otro intento de ETA para colarse en las urnas. / Efe

Quizá en previsión de que el más que probable futuro desembarco de los proetarras en las instituciones de la mano de EA, una maniobra que formará parte del nuevo proceso negociador que el Gobierno estaría llevando a cabo en estos mismos instantes con ETA, pudiera salir mal, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó ayer un dictamen que, en teoría, debe arrinconar aún más a Batasuna o a cualquier formación ilegalizada y que, yendo incluso más allá de la actual Ley de Partidos, plantea una «incompatibilidad sobrevenida» que podría conducir a la retirada del acta a un cargo público ya electo.
Con los votos de PSOE, PP y CC, la Cámara Baja dio el visto bueno al informe de la subcomisión que durante un año y medio se ha encargado de estudiar una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que ahora debe plasmarse en una iniciativa legislativa.
En ese futuro texto, se plantea la posibilidad, todavía apenas esbozada y sin concretar, de que pueda anularse una lista electoral de un partido legal por dar cobijo a candidatos ligados a la izquierda abertzale radical, y se introduce una nueva figura de «incompatibilidad sobrevenida» para cargos electos en ayuntamientos, diputaciones o cortes generales.
En esa coyuntura, los afectados deberán optar entre la renuncia a su cargo o «el abandono de la situación que dé origen a la referida incompatibilidad», lo que significa que tendrían que condenar el terrorismo. También se ampliará el plazo para anular listas contaminadas, de modo que la Fiscalía o el Abogado del Estado podrán presentar recursos contra una candidatura hasta una semana antes de los comicios, a diferencia de la actual normativa, que solo lo permite hasta el comienzo de la campaña electoral.
Frente a los intereses electoralistas que el PNV dijo apreciar detrás de este endurecimiento de la ley, el PSOE y el PP justificaron tales cambios por «necesidad social imperiosa en defensa del sistema democrático».
En concreto, el diputado socialista José María Benegas sostuvo que las modificaciones «taponan» las vías ambiguas por las que se podían colar los lacayos de ETA en las instituciones democráticas.
El compañero de Rodríguez Zapatero lamentó asimismo las críticas «no muy dignas» realizadas por los jeltzales y garantizó que no volverá a suceder que un lehendakari, como fue el caso de Juan José Ibarretxe en una ocasión, pueda resultar elegido con los votos de aquellos que no rechazan la violencia.
Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión, José Antonio Bermúdez de Castro, aclaró que la «incompatibilidad sobrevenida» no será de aplicación automática, sino que los afectados podrán conservar el cargo mediante declaración expresa de condena del terrorismo. El conservador sostuvo que se puede defender cualquier idea, «pero no cualquier método», y proclamó que «la democracia tiene derecho a expulsar de sus instituciones a quienes quieren imponer sus ideas por la fuerza» o con su «fraudulento disfraz».
Ajeno a tales razonamientos, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, dijo que la reforma obedece a «intereses espurios» de las formaciones de Génova y Ferraz.
Tras quejarse de que la posibilidad de despojar de su acta a los electos que vayan de la mano de los asesinos se introdujera en el proyecto «diez minutos antes de la última reunión, el pasado lunes», Esteban puso el acento en las «dudas más que razonables» sobre la constitucionalidad de esa retirada, una vía que, siempre según recalcó el del PNV, « es un atajo con graves consecuencias en el terreno de las libertades, puesto que vulnera el derecho de participación política de los ciudadanos».