Con una nada casual coincidencia con la precampaña de las elecciones autonómicas catalanas del próximo otoño, una cita en la que CiU parte como principal favorita, cada día son más las informaciones que documentan, con todo lujo de detalles, la trama de corrupción organizada por la coalición nacionalista, que durante muchos años se habría servido del Palau de la Música para financiarse de manera ilegal.
Así, siempre según sostienen varias publicaciones de ámbito catalán, el ex gestor de dicha institución cultural Félix Millet repartía supuestas comisiones del 4 por ciento por obras públicas con Carles Torrent, responsable de finanzas de CDC y administrador de la Fundación Trias Fargas, fallecido en 2005. Según un rotativo, Millet describía en sus documentos tales mordidas por las obras de la Ciutat de la Justicia y de la línea 9 del Metro. De este porcentaje, el 2,5 por ciento iba a parar a Torrent y el 1,5 a Millet. El valor de las comisiones solamente por ambos proyectos superaría los cinco millones y medio de euros.
Además, según consta en los documentos a los que ha tenido acceso un periódico barcelonés, Millet le pidió a Torrent que mediará para conseguir obras a Ferrovial-Agroman. Tales evidencias estaban almacenados en el ordenador personal de Millet, en el de su secretaria y en el de la secretaria de Jordi Montull.
Cabe recordar que Agroman se fusionó con Ferrovial y la sociedad resultante ha sido uno de los mayores patrocinadores del Palau, al que destino unos 12 millones durante la época en la que este entidad cultural fue gestionada por Félix Millet y Jordi Montull, actualmente procesados por la apropiación indebida de decenas de millones.
Por supuesto, CDC ha negado cualquier implicación y calificó de «conjeturas» las informaciones.
Con idéntica previsibilidad, el PSC, principal beneficiario electoral del escándalo, afirmó, a través de su portavoz adjunto en el Parlament, Joan Ferran, que si bien «CiU había dicho que las comisiones de investigación no servían para nada», en el caso Palau de la Música «se están corroborando las tesis de presunta financiación ilegal» de los nacionalistas.