El líder de UGT, Cándido Méndez, volvió a hablar ayer de huelga general. / Efe

Como diría un buen castizo, entre todos la mataron y ella sola se murió. Tras casi medio día de reunión, sindicatos y patronal dieron a primerísima hora de la mañana de ayer por definitivamente liquidados sus intentos para pactar la ineludible reforma laboral y ahora, tal y como había anticipado el Gobierno a la vista de las escasas ganas de consenso demostradas por centrales y empresarios, será el Ejecutivo quien, tras buscar los necesarios apoyos parlamentarios, trate de sacar adelante las modificaciones de manera unilateral.
A la hora de justificar tan sangrante fracaso, máxime cuando las reticencias de patronos y asalariados han tenido en la vía muerta tan trascendente cuestión durante muchos meses, UGT y CCOO se escudaron en la «postura maximalista de la patronal», mientras que los empresarios justificaron el fiasco por «la negativa de las organizaciones de los trabajadores a abordar una reforma profunda».
Lo único cierto es que la anunciada muerte del diálogo tiene como detonante la incapacidad para consensuar la ampliación de las causas para considerar procedente un despido y la discusión sobre la indemnización pertinente.
El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, confirmó en una entrevista en Onda Cero que los escollos han estado en la contratación y los despidos, y lamentó que los sindicatos «no quieran ver la realidad» de que es necesaria una reforma «profunda» como están «clamando» todas las instituciones internacionales.

Intereses contrapuestos

«Esto se ha acabado», admitió el hasta ahora dueño de Viajes Marsans, quien insistió en defender una mayor especificación de las causas del despido procedente, para permitir este tipo de rescisión de contrato en tres casos: pérdidas demostrables de la empresa, rebaja de ventas y falta de liquidez. Según el líder de los patronos, ellos no pretenden «desjudicializar» los despidos, sino poder recurrir a la extinción procedente, que ahora, no funciona: «En 2009, el 80 por ciento de las extinciones fueron improcedentes y el 20 por ciento procedentes», lamentó. Díaz Ferrán también señaló que es necesario flexibilizar la contratación con indemnizaciones por despido «más en línea» con las de otros países, una cuestión en la que tampoco ha habido entendimiento.
Al otro lado de la trinchera, el secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, argumentó que la patronal ha querido aprovechar la coyuntura de crisis para conseguir «sus antiguas aspiraciones». Según el sindicalista, tales pretensiones pasan por «un despido más barato» y una mayor discrecionalidad de las empresas en la toma de decisiones laborales, no solo las referentes a echar trabajadores.
El dirigente de Comisiones coincidió con su oponente en que el principal obstáculo han sido las causas y los procedimientos para el despido procedente por razones objetivas (económicas, tecnológicas, organizativas y productivas), porque la pretensión empresarial es «abrir el abanico» de dichas justificaciones legales.

un solo día de espera. Por su parte, el líder de UGT, Cándido Méndez, dejó entrever que el escenario de una huelga general está cada día más próximo, aunque apostó por esperar hasta hoy para conocer el decreto.
Así pues, ante la imposibilidad de aproximación, la pelota queda pues en manos del Gobierno, que ya ultima el texto con la reforma, que quiere aprobar en el Consejo de Ministros del día 16 con la pretensión de que, una semana después, la norma coseche el necesario visto bueno del Congreso.
Precisamente para recabar los imprescindibles apoyos, los socialistas mantendrán desde hoy mismo reuniones por separado con los agentes sociales durante las que se les entregará un nuevo documento con las líneas generales de la regulación.
A falta de la pertinente confirmación oficial y siempre sujeta a cambios de última hora impuestos por los partido como condición para prestar su apoyo al Gobierno, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, explicó, sin dar más detalles, que la reforma pretende «reducir el esfuerzo y el coste del despido sin que los trabajadores pierdan derechos», así como certificar un cambio claro en la «flexibilidad interna de la empresa» en lo que afecta a «la jornada, a las condiciones de trabajo y a la regulación salarial en los convenios».
Tras reunirse en Roma con el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, el líder socialista aseguró que va a ser un cambio «sustancial» para el mercado laboral español y dijo confiar en que cuente con un «amplio respaldo» en el Parlamento. En tal sentido, insistió en que no es una reforma «para dos años, ni para seis u ocho años», sino «para mucho tiempo». «Queremos ir a un modelo en el que la contratación indefinida sea la norma que cada vez se imponga más en la nueva etapa frente a la contratación temporal», detalló.
En concreto, el documento de propuestas que el Ejecutivo pretende sacar adelante incluye un endurecimiento de las condiciones de los contratos temporales, modificar las causas de los despidos objetivos, que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) cubra ocho días de indemnización en algunos casos y generalizar el uso de los contratos de fomento del empleo indefinido, sujeto como norma general a 33 días de indemnización por año trabajado en lugar de los 45 que contempla la actual regulación en los casos de despido improcedente, es decir, aquellos en los que el empleador no puede demostrar que exista una causa objetiva para rescindir el contrato, tal como el absentismo, la indisciplina o la ineptitud.