Durante las últimas semanas, los empleados públicos ya han manifestado reiteradamente su malestar por las medidas de ahorro impuestas por el Gobierno. / Efe

Con igual escepticismo que falta de entusiasmo, más de dos millones y medio de trabajadores públicos están hoy convocados por los sindicatos CCOO, UGT y CSI-CSIF a secundar un paro de 24 horas en protesta por los recortes salariales y sociales aprobados por el Gobierno para reducir el déficit.
Las centrales laborales, que ayer se esforzaron en augurar a la huelga un enorme éxito, quizá para contrarrestar la opinión generalizada de que la iniciativa apenas ha calado entre los trabajadores y está condenada a pasar con más pena que gloria, hicieron un llamamiento «a toda la sociedad» para participar en el centenar de asambleas, concentraciones y manifestaciones que tendrán lugar por la geografía española como muestra de rechazo al recorte medio de un cinco por ciento en el salario de los funcionarios y la congelación de las pensiones el año que viene.
Tanto la Unión General de Trabajadores como Comisiones consideran que ambas medidas son «injustas, desequilibradas y antieconómicas», una postura a la que ayer se sumó el presidente nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CISF), Domingo Fernández, quien cargó contra el Gobierno por poner las cosas «tan difíciles» a los empleados del sector público, así como por «la forma odiosa» en que lo ha hecho.
Mientras, el Ejecutivo y las comunidades autónomas dieron a conocer los servicios mínimos que se deberán prestar y que, en algunos casos, fueron considerados por los sindicatos como «abusivos». Por ejemplo, el Ministerio de Justicia determinó que hoy funcionará el Registro Civil para inscribir nacimientos, defunciones y matrimonios y que se celebrarán con normalidad todas las causas con preso, así como las que tengan que determinar medidas cautelares o provisionales.
En el caso de las comunidades autónomas, en Madrid trabajará con normalidad el transporte público (no están afectadas las plantillas de Adif, Renfe, Metro y EMT), mientras que en Cataluña los ferrocarriles, transferidos, tendrán un 50 por ciento del servicio habitual.
En el Congreso y el Senado, que celebran Pleno, los servicios mínimos son del 35 y del 27,3 por ciento, respectivamente; mientras que en la Agencia Tributaria son del 8 por ciento, lo que podría afectar en gran medida a las citas previas para hacer la declaración de la Renta.
A la hora de enjuiciar la huelga, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se limitó a expresar su «enorme respeto» por una protesta que dijo confiar en «se desarrolle en un clima de normalidad».
Según argumentó el principal damnificado político por la iniciativa, aunque los funcionarios consideran que la «mejor forma de mostrar su desacuerdo» con las medidas del Gobierno es una paro, el Ejecutivo ha fijado unos servicios mínimos porque «son necesarios».
Igual de poco entusiasta se mostró la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, que consideró que la protesta «no soluciona una crisis», aunque, matizó, los populares la ven «comprensible» habida cuenta de la justa «indignación» de los funcionarios, que son una «parte importante de los paganos del despilfarro de la política» del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Además, la popular dijo estar «convencida» de que el PP es la formación que «mejor defiende a los trabajadores de España», porque cuando gobernó creó riqueza y cinco millones de puestos de trabajo.
No tardó en llegar la respuesta de la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, quien subrayó que los Gabinetes conservadores siempre respondieron «de forma bastante abrupta» a las reivindicaciones laborales y que, cuando hicieron frente a una huelga general, optaron por hacerla «desaparecer» de los telediarios de la televisión pública.
Cabe recordar que los funcionarios no serán los únicos que esta semana dejen de trabajar, puesto que el próximo jueves le toca el turno a los empleados de Correos, que consideran amenazada la propia existencia del ente público y que reclaman el mantenimiento de la prestación del servicio postal universal y su financiación «íntegra» por parte del Estado.
En opinión de los sindicatos de la compañía, que dicen representar al 75 por ciento de los trabajadores, el anteproyecto de Ley Postal aprobado por el Gobierno es «muy liberalizador y no incluye financiación ni plan estratégico de futuro para Correos, de modo que da cobertura a su reestructuración y a la pérdida masiva de empleo».
Además, los trabajadores de grandes superficies se concentrarán mañana frente al centro comercial madrileño Parquesur para protestar por las «agresiones» que a su juicio se consagran en el recientemente aprobado convenio colectivo del sector.

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