El secretario general confederal de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, durante su intervención en una asamblea contra el recorte del gasto social y salarial el miércoles./ EFE

Así lo asegura un comunicado de CCOO, que señala que los responsables de Organización, de Comunicación, de Acción Sindical y Empleo de todas las federaciones y territorios se han reunido hoy con carácter extraordinario para iniciar "los preparativos para la convocatoria de una huelga general".

Según este sindicato, unas 150 personas responsables de las secretarías mencionadas reiteraron su rechazo a algunos de los contenidos que se han conocido a través de los medios de comunicación sobre el documento de reforma laboral que pretende aprobar el Gobierno el 16 de junio.

En el borrador de este documento de reforma destaca el hecho de que un empresario alegue una mala situación económica para que un despido sea procedente y tenga una indemnización por despido para el trabajador de sólo 20 días por año trabajado.

Otro de los puntos del texto gubernamental recoge también la limitación del contrato de obra a dos años y la adopción del modelo alemán, que supone reducir la jornada de trabajo para evitar despidos, así como el modelo austríaco, que conlleva la creación de un fondo constituido con las aportaciones de las empresas para pagar las indemnizaciones por despido de los trabajadores.

CCOO anunció que en los próximos días hará una "paciente, razonada e intensiva" campaña de información y explicación de las razones sindicales de una huelga general en los centros de trabajo y en la sociedad.

De esta forma, el sindicato ratificó la "estrategia" de huelga general unitaria con UGT y puntualizó que desarrollará un plan de extensión organizativa para, primero llegar al 1,2 millones de afiliados sindicales y después a todos los centros de trabajo.

Los responsables sindicales también reiteraron hoy su rechazo al plan de ajuste aprobado por el Gobierno para acelerar la reducción del déficit público, que contempla una reducción salarial de los empleados públicos y la congelación de las pensiones, y que calificaron de "injusto, desequilibrado y antieconómico".