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La secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, aseguró ayer que la rebaja salarial media del cinco por ciento a los empleados públicos de todas las administraciones afectará no solo al salario base y a la antigüedad, sino también a los complementos de destino y específicos.
Así lo manifestó durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Mesa General de la Función Pública, que -según Rumí- fue convocada para «cumplir» con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Por su parte, los dirigentes de los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF calificaron de «burla» este encuentro, porque no se les concretó a qué colectivos afectará el recorte y en qué medida.
No obstante, insistieron en que recurrirán porque es «discriminatorio», no tiene garantías de «ecuanimidad» y vulnera el derecho a la negociación colectiva, además del derecho individual consolidado a un determinado sueldo.
La secretaria de Estado explicó que el recorte salarial, que no tendrá carácter retroactivo, se aplicará a partir del próximo 1 de junio en cada una de las nóminas hasta la de diciembre, incluida la paga extra de Navidad.
Además, detalló que la bajada del jornal básico y los trienios tendrá una escala gradual según las retribuciones de cada grupo, en tanto que los complementos de destino y específicos tendrán una «afectación fija», que no precisó.
Rumí reveló que la medida no vulnera el Acuerdo de la Función Pública 2010-2012 y solo suspende la aplicación de los artículos que se refieren a la revisión salarial. En este sentido, recordó que el artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público permite al Ejecutivo suspender excepcionalmente el cumplimiento de determinados pactos por «causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas».
«Éste es el apoyo normativo» con el que cuenta el Gobierno para tomar esta medida, advirtió tras valorar el esfuerzo que tendrán que hacer «los casi tres millones de empleados públicos» y reconocer la importante labor de «policías, maestros, bomberos y funcionarios que nos ayudan a resolver muchos problemas».

reacciones. Por su parte, el secretario general de la Federación para la Ciudadanía de Comisiones Obreras, Enrique Fossoul, señaló que la decisión es una «burla» al derecho de negociación colectiva porque todo el personal laboral tiene convenios firmados.
Además, alertó del efecto contagio que esta medida está teniendo en el sector privado y aseveró que la CEOE ya está reclamando recortes salariales similares
El secretario general de la Federación de los Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, que calificó de «chapucera» la reunión, lamentó que no se hubiera despejado la incógnita sobre si el recorte afectará también a los trabajadores de las empresas estatales o si queda excluido algún colectivo.
Por último, el presidente del sindicato CSI-CSIF, Domingo Fernández, salió del encuentro «más confuso» de lo que había entrado y «sin ninguna información», razón por la que los sindicatos aún desconocen cuantos trabajadores estarán convocados al paro fijado para el próximo 8 de junio.