El ex líder de Batasuna Arnaldo Otegi podría ser clave en un hipotético nuevo proceso de negociación con los terroristas. / EFE

Durante la misma rueda de prensa en la que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, mostraba su confianza en que el final de ETA está próximo y presumía de que lo que no consiguió el régimen de Franco «con sus leyes represivas», lo logrará la democracia con su «supremacía moral», los periodistas destapaban un nuevo escándalo que da alas a las denuncias del popular Jaime Mayor Oreja sobre la cada vez más plausible retomada negociación política entre el Gobierno y la banda.
Inmediatamente después de sacar pecho sobre la inminente liquidación de la organización asesina, un informador preguntó al socialista sobre el traslado del ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi a la cárcel donostiarra de Martutene y la subsiguiente concesión de un permiso penitenciario para visitar a su padre, presuntamente enfermo y, ante la evidencia de verse descubierto, el titular de Interior se limitó a obviar los hechos y, pese a que el mencionado acercamiento, que estaba limitado a un fin de semana, dura ya 21 días, insistió en que el jefe del brazo político de los terroristas «no se va a quedar en Martutene».
El ministro, que negó que se hayan producido cambios «sustanciales» en la política penitenciaria de su Departamento con respecto al colectivo de presos de ETA, eludió cualquier otra declaración y no quiso entrar a comentar el comunicado difundido por la Audiencia Nacional, que atribuyó a Instituciones Penitenciarias, dependiente precisamente de Interior, la decisión de mantener a Otegi en el presidio vasco mucho más allá de lo necesario.
Cabe recordar que la Justicia denegó hace algunos días una petición del proetarra para salir en libertad con el pretexto del infarto que ha sufrido su progenitor.
A la vista de lo sucedido, tal decisión no resultó del agrado del Gobierno, que quizá necesite del concurso de Otegi para convencer a la cúpula de los asesinos de que acceda a declarar su rendición antes de las próximas elecciones generales y, con total desprecio del pronunciamiento del juez, obró por su cuenta acercando al reo al País Vasco y permitiéndole salir con el citado pretexto humanitario.
Por supuesto, la cortesía del Ejecutivo no tiene correlato alguno por parte de los pistoleros de ETA, que continúan presumiendo de su militancia y mostrándose orgullosos de su rol como asesinos.
Así lo percibe al menos el fiscal de la Audiencia Nacional, que ayer decidió aumentar de 900 a 1.120 años de cárcel la petición de condena para los tres acusados de volar el aparcamiento de la T-4 de Barajas el 30 de diciembre de 2006, un atentado en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos.
El representante del Ministerio Público atribuye a Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastián 52 intentos de asesinato -uno por cada herido-, a 20 años de cárcel cada uno, una cifra a la que se suman los 80 años de los dos crímenes consumados. Asimismo, se solicita que la terna del comando Elurra indemnice con 500.000 euros a cada una de las familias de los fallecidos.
Las acusaciones particulares presentaron conclusiones similares, a excepción de tres de ellas, que piden la responsabilidad civil subsidaria del Estado, al considerar que los mecanismos de seguridad públicos «no funcionaron correctamente», ya que los tres acusados llegaron a entrar «tres veces» en el aeropuerto antes de colocar la furgoneta bomba.
Sin embargo, tal modificación no fue admitida por el tribunal, presidido por el magistrado Alfonso Guevara, quien advirtió que, de ser aceptada, supondría la repetición de todo el juicio, ya que no se ha permitido al Estado que se defienda de dicha acusación.