La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, fue la encargada de detallar ante los medios de comunicación el plan de ahorro. / Efe

El cacareado Plan de austeridad de la Administración del Estado, supuestamente diseñado para reducir de manera sustancial el déficit, se concretó ayer con el anuncio de la vicepresidenta Salgado, quien, tras detallar que se suprimirán 32 altos cargos y desaparecerán 29 empresas públicas, cuantificó en unos 16 millones de euros anuales el ahorro total. Tal cifra contrasta con las aspiraciones planteadas por el PP, que considera imprescindible recortar el gasto en unos 10.000 millones.
A la vista de tan abismal disparidad, el principal partido de la oposición denostó el nuevo parche del Ejecutivo por «insuficiente, falto de concreción y poco ambicioso». De hecho, lejos de atender a las sugerencias de los conservadores para eliminar los ministerios de Cultura, Vivienda e Igualdad, los socialistas han limitado su tijeretazo a menos de un 10 por ciento de los 343 responsables elegidos discrecionalmente.
La poda implica amortizar una secretaría general, 18 direcciones generales y 14 organismos autónomos con rango de dirección general. Asimismo, se crea una nueva dirección general que sustituirá a las dos suprimidas en el Departamento de Igualdad.
De este modo, caen la Dirección General de Política Económica y la de Secretariado del Gobierno (ambas dependían de Presidencia), la Secretaría General de Financiación Territorial (Economía y Hacienda), la de Cooperación Jurídica Internacional (Justicia) y la de Comunicación de la Defensa.
También se amortizan la Dirección General de Relaciones Informativas y Sociales (Interior), la de Planificación (Fomento), la de Relaciones Internacionales (Educación), la de Servicios (Trabajo e Inmigración), la encargada del Desarrollo de la Sociedad de la Información (Industria) y algunos otros órganos menores de Agricultura, Cultura, Sanidad, Ciencia e Innovación e Igualdad.
Por otra parte, el Gobierno se concede un amplio plazo que termina el 31 de diciembre para «culminar» la reordenación del sector público empresarial, acometer «la racionalización de las fundaciones» y reducir el número de representantes de la Administración del Estado en los consejos de administración de las sociedades estatales. Con el presunto objetivo de «racionalizar el sector público empresarial», se ha decidido eliminar 14 empresas mercantiles de propiedad estatal y se han fusionado 24, que pasan a ser nueve, lo que, en atención al resultado estadístico, que no a su importancia cuantitativa, supone 29 sociedades menos y una reducción del 27 por ciento en el número de compañías.
Además, se suprimen 80 cargos directivos y 450 puestos de consejeros en las empresas con más de seis miembros en el consejo de administración, lo que supone reducciones del 10 por ciento y del 15 por ciento, respectivamente.

«Más con menos». A la hora de explicar tales cambios, mucho más espectaculares que relevantes, la número dos del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, aprovechó para hacer propaganda y sostuvo que se trata de «medidas rotundas». «Va a haber más trabajo con menos recursos humanos», aseguró la socialista en un poco creíble intento por hacer olvidar la secular lacra de una obesidad administrativa que arrastra el país desde hace varios siglos.
Respecto a los irrisorios 16 millones de ahorro final, una cifra que la vicepresidenta se negó a dar motu proprio y que solo concretó tras reiteradas preguntas de los periodistas presentes en la rueda de prensa, la mano derecha de Zapatero aseguró que «se trata más de una cuestión de eficiencia».
Para certificar la naturaleza artificiosa de los cambios, Salgado confirmó que los recortes no implican reducciones de personal en el seno de la Administración, de modo que todos los funcionarios asociados a los cargos que desaparecen simplemente pasarán a engrosar la nómina de otros organismos.
Además de las críticas del PP, la remodelación fue cuestionada por ERC, que la tachó de meramente «cosmética». En su lugar, el secretario general y portavoz de los republicanos en el Congreso, Joan Ridao, instó al Gobierno a someter la estructura del Estado a una auténtica «operación bikini» antes del verano que incluya, al menos, la supresión de cuatro ministerios.
El catalán reclamó la liquidación de las carteras de Ciencia y Tecnología, de Igualdad, de Cultura y de Vivienda, para así ahorrar 5.500 millones de euros anuales, frente a los menos de 40 millones que las arcas públicas dejarán de gastar en los próximos dos años como consecuencia del ajuste aprobado ayer. El dirigente de Esquerra recordó que, en relación con la media del sector público europeo, la productividad del español es un seis por ciento inferior, y también que los ministerios gastaron en 2009 un tres por ciento más de lo que estaba presupuestado. «La Administración española es un elefante», resumió.