Rafael Díez Usabiaga se abraza con un familiar tras recobrar la libertad. / Efe

En consonancia con su consejo previo para que el juez Baltasar Garzón mantuviera en prisión al ex líder del sindicato LAB Rafael Díez Usabiaga, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió ayer la puesta en libertad bajo fianza de 30.000 euros del abertzale, que estaba entre rejas acusado de intentar resucitar Batasuna.
El Ministerio Público, que con su decisión se alinea con las víctimas, el PP y UPyD, entre otros, considera que el argumento esgrimido por el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco para dejar en la calle a Usabiaga, es decir, la presunta necesidad de asistir «por circunstancias humanitarias» a su madre, que le reclamó como «cuidador» acogiéndose a la Ley de Dependencia, «ha sido artificialmente creada por el compañero de Arnaldo Otegi con el fin de eludir una medida cautelar necesaria».
A juicio del representante del Ministerio Público, dejar al sindicalista en la celda «no perjudica una relación preexistente de cuidados a un familiar, sino que se sustenta sobre una nueva, y por tanto incierta, relación pendiente de crearse, y parece que diseñada tanto para la asistencia familiar que se acoge a la ley de Dependencia como para el cuidador al que serviría para eludir la prisión provisional».
Así lo argumenta textualmente Vicente González Mota antes de solicitar que el dirigente obrero regrese a la madrileña prisión de Estremera, en la que fue encerrado el 16 de octubre de 2009 por un delito de integración en organización terrorista como presunto integrante de un grupo de proetarras que trabajaba para reconstruir Batasuna.
A juicio del acusador, las circunstancias que motivaron el encarcelamiento de Usabiaga «persisten» y, además, resulta «notorio» que el certificado expedido por el Ayuntamiento guipuzcoano de de Lasarte en el que se acreditó que su madre inició los trámites para solicitarle como cuidador se expidió cuando éste ya se encontraba «en prisión preventiva» y sin que además se haya «resuelto su concesión».
Tras asegurar que desconoce si «otros familiares directos» podrían encontrarse «en mejores condiciones» para prestar la asistencia, el recurso, el fiscal recalca que, «por razones de igualdad procesal», las medidas cautelares «no deben suavizarse sin justificación suficiente respecto a quien se encuentra judicialmente en las mismas condiciones que los otros procesados», en referencia a Otegi, la ex tesorera del PCTV Sonia Jacinto y al ex responsable de Haika Arkaitz Rodríguez, todos ellos citados por el acusador.
En relación con el resto de documentación esgrimida por la defensa del otrora jefe de LAB que es considerada «notoriamente incompleta» por el Ministerio Público, se recuerda que Usabiaga adjuntó un informe hospitalario fechado el 25 de noviembre de 1999, y, por tanto, con una «antigüedad superior a 10 años», así como un certificado del padrón de 2010 conforme al cual no consta que en su domicilio viviera «cuidador alguno». De igual modo, el fiscal rechazó la «ausencia de indicios de actividad delictiva» argumentada por la defensa y sí destaca la «relevancia» de la actividad presuntamente desplegada por Usabiaga, a quien Garzón procesó el 25 de enero pasado por colaborar en un nuevo intento para que ETA estuviese presente en las elecciones municipales de 2011.
Cabe además recordar que la Audiencia rechazó hace algunas semanas un petición semejante de Otegi, quien alegó problemas de salud de su progenitora y de su hija.