La Junta considera que el “ecobús” puede dañar el Acueducto al pasar bajo uno de sus arcos. / kamarero

El Ayuntamiento de Segovia denunciará ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León la invasión de competencias que, a su juicio, implica la decisión de la Junta de Castilla y León de prohibir el paso del autobús eléctrico o "ecobús" bajo los arcos del Acueducto. Así lo aseguró ayer el alcalde, Pedro Arahuetes, quien advirtió que si finalmente un juez ratifica la postura del Gobierno regional decretará el cierre al tráfico por el recinto amurallado y el resto de áreas históricas hasta que el paso de la circulación junto a Bienes de Interés Cultural (BIC) sea autorizado por la Comisión Territorial de Patrimonio.
Al término de la junta de Gobierno local, Arahuetes aclaró que el Gobierno local ya conocía desde hace varias semanas la resolución, hecha pública el miércoles, de la Dirección General de Patrimonio, que desestima el recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento tras el expediente de paralización de paso del ecobús, eléctrico y no contaminante, bajo los arcos del Acueducto.
El Ayuntamiento no solo mantendrá la línea 9, que recorre el recinto amurallado y presta el microbús, sino que recurrirá la resolución de Patrimonio ante el TSJ, para defender su derecho a regular el transporte público por la ciudad, en el firme convencimiento de que el paso bajo uno de sus arcos del ecobús no afecta al monumento, al ser un vehículo eléctrico y no contaminante.
Como se recordará, el pasado mes de junio, la Delegación Territorial de la Junta ordenó la paralización cautelar de la línea 9 que pasa bajo el monumento romano al amparo de la Ley de Patrimonio Cultural, lo que motivó que el equipo de Gobierno presentara ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial un informe jurídico que calificaba la medida de paralización como constitutiva de un presunto delito de prevaricación administrativa.
Arahuetes explicó ayer que el Ayuntamiento discrepa de la interpretación que hace la Junta, que considera que el hecho de que el microbús pase bajo los arcos del Acueducto supone una “intervención en el monumento” y que, en consecuencia, precisa de la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio. Para el Gobierno municipal, la Junta se inmiscuye en una competencia del Ayuntamiento, como es la de regular el tráfico y el servicio de transporte público en la ciudad.
El alcalde advirtió que si una sentencia ratifica que Patrimonio debe autorizar el paso del transporte público por el Acueducto, el Ayuntamiento no tendría más remedio que aplicar el mismo fallo judicial para todos los Bienes de Interés Cultural (BIC) de la ciudad, que también “soportan” en sus inmediaciones la circulación de vehículos y autobuses.
Arahuetes afirmó sin titubeos que si los tribunales comparten las tesis de la Junta, el Ayuntamiento ordenará que se prohíba el tráfico por el recinto amurallado y zonas de la ciudad con iglesias, monasterios o monumentos declarados BIC, además de entornos históricos com, por ejemplo, la Plaza de San Lorenzo. “Una sentencia para el Acueducto que comparta las tesis de la Junta se tendría que aplicar también para San Martín, la Catedral, San Esteban o cualquier iglesia o edificio declarado BIC, no hay diferencia”, indicó el alcalde quien insistió en que “impediríamos el tráfico en todos esos lugares, también el aparcamiento, y luego iríamos solicitando la preceptiva autorización a Patrimonio para fuera dando los oportunos permisos”.
“Estoy dispuesto a cerrar el tráfico”, insistió Arahuetes, para subrayar a continuación que “sería un auténtico caos para la ciudad si el tráfico al lado de un monumento o edificio BIC lo tuviera que autorizar Patrimonio”.
Arahuetes indicó que la Junta “coge el rábano por las hojas” al recordar que en la actualidad son cientos los vehículos que pasan a diario junto a los monumentos y edificios BIC y también incluso por debajo de los arcos del Acueducto, tanto vehículos privados para el acceso a garajes — en las calles Almira y Cañuelos— como en la propia Plaza del Azoguejo, en el caso de vehículos de emergencia, policiales y sanitarios.
La línea 9 que presta el ecobús quedó restablecida el 10 de junio de 2009, tras cuatro días de suspensión temporal, por la resolución dictada por el delegado territorial de la Junta, Luciano Municio, que había ordenado paralizar el servicio. El Gobierno no solo desoyó la prohibición de la Junta sino que además el 23 de junio trasladó a la Fiscalía un informe jurídico-penal que apuntaba indicios de un delito de prevaricación en la decisión de Municio de suspender de forma cautelar la línea 9.