Rosario Díez, directora de Cáritas Segovia y la abogada de la ong María José Gallardo, ayer. / Alberto Benavente

La directora de Cáritas Segovia, Rosario Díez y la abogada de esta organización María José Gallardo explicaron ayer en rueda de prensa los aspectos más negativos del proyecto de ley de reforma de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros y de su Integración Social, que a su juicio dificulta la reagrupación familiar y el empadronamiento de inmigrantes, al tiempo que discrimina a las mujeres extranjeras en situación irregular que son víctimas de violencia de género, entre otras medidas.
Otro de los aspectos más criticados por Cáritas, que ha realizado un comunicado conjunto a nivel nacional junto a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEDAR) y la Red Acoge, es que el tiempo de permanencia máximo en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) ha pasado de cuarenta a sesenta días, periodo en el que se ven privados de derechos como la comunicación con un abogado, según informó Gallardo. Además, el proyecto de ley introduce “el concepto indeterminado del ‘esfuerzo de integración’, como si fuera un proceso unilateral, que lleve realizarse por las personas inmigrantes, cuando a juicio de esta ong es tarea de toda la sociedad.
Cáritas Segovia reconoce que era necesario reformar la actual Ley de Extranjería, entre otras cosas para cumplir con directivas europeas e incluso sentencias del Tribunal Constitucional, pero lamenta “que en muchos temas prioritarios no se hayan logrado cambios significativos y, lo que resulta más grave, que se hayan introducido elementos que se contradicen con una política de inmigración auténticamente orientada a la integración”.
Aunque el proyecto de ley de reforma fue aprobado en el Parlamento a finales del pasado mes de octubre, desde esta organización vinculada a la iglesia se apela a la responsabilidad de los grupos políticos, las organizaciones sociales y toda la ciudadanía para apostar por una visión integradora de la inmigración. En este sentido, el reglamento que tiene que desarrollar las modificaciones introducidas en la Ley de Extranjería todavía tiene que pasar varios trámites parlamentarios.
Cáritas ha puesto voz al colectivo de inmigrantes de Segovia, más de un 12% de la población de la provincia, justificándolo en su experiencia de trabajo en el campo de las migraciones y convencida de que los derechos son universales y no pueden convertirse en moneda de trueque en función de una determinada coyuntura. La crisis económica no es excusa para denegar el acceso a derechos básicos, según esta organización.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia.