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Cuando a Rufino Prieto se le pregunta si apenas 700 euros, a repartir entre seis personas, compensan seis años de litigios, no tiene dudas. "Es una cantidad simbólica, insignificante, pero se ha hecho un acto de justicia", afirma. Solo los gastos en las minutas de abogados y procuradores superan con creces aquella cantidad.
Él y otros cinco vecinos de Perogordo, —núcleo anexionado a la capital, que tiene censados a una veintena de contribuyentes, aunque solo cuatro de ellos son residentes habituales—, recibirán unos 115 euros cada uno de las arcas del Ayuntamiento de Segovia como premio por haber promovido una investigación que permitió recuperar un solar de propiedad municipal que otro vecino se había apropiado, al parecer de forma fraudulenta.
El premio no obedece a un gesto de generosidad y reconocimiento del Ayuntamiento a unos buenos ciudadanos que buscaron el bien común y defendieron el interés general. Los seis vecinos, miembros de la asociación vecinal "Virgen de la Visitación" de Perogordo, recibirán la exigua recompensa en cumplimiento de una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, con sede en Burgos, que quitó la razón al Ayuntamiento, e instó a abonar el premio a estos ciudadanos en base al Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Los seis vecinos, como representantes de la asociación de vecinos de Perogordo, iniciaron en el año 2000 un procedimiento de denuncia contra quien por aquel entonces era el alcalde pedáneo del núcleo incorporado; quien, al parecer, tres años antes, había escriturado y registrado a su nombre el edificio de la antigua fragua, de más de un siglo de antigüedad.
La asociación comunicó el caso al Ayuntamiento de Segovia al entender que se había producido una usurpación de una propiedad municipal, en concreto de un solar, de unos 300 metros cuadrados. El “alcalde de barrio” manifestó ante el Ayuntamiento que se había escriturado la finca por ser una herencia de su padre, algo que no pudo demostrar. Tampoco en el juzgado, a donde llevó el caso el Ayuntamiento que, en sentencia favorable, recuperó el edificio de la antigua fragua y lo incorporó al inventario municipal de bienes. Fue entonces cuando los seis vecinos reclamaron al Ayuntamiento un premio por su papel como denunciantes o promotores de la investigación, como así lo reconoce el Reglamento de Bienes. La ley contempla que a los denunciantes o promotores se les tiene que abonar, como premio e indemnización de todos los gastos, en último término, el 10% del valor de tasación de la finca recuperada.
Pero la junta de Gobierno denegó la petición y los vecinos vieron como también el Juzgado de lo Contencioso de Segovia rechazó igualmente su pretensión. El Ayuntamiento argumentaba que para tener la condición de “denunciantes” y, por tanto, para "cobrar el premio" por su buena obra, los vecinos tenían que haber depositado una fianza de entre 60 y 600 euros. Sin embargo, el artículo 54 del Reglamento también reconoce la recompensa a los promotores de la investigación, un papel que finalmente ha reconocido el TSJ de Castilla y León a estos seis vecinos. La sentencia fija el valor de tasación de la finca en 6.990,21 euros y establece que a los promotores de la investigación les corresponde como premio un 10% de ese valor.
"No estamos seis vecinos seis años para conseguir este premio, sino para que ese señor no mantuviera una propiedad que no le correspondía y el agradecimiento del Ayuntamiento a esta colaboración ciudadana fue denegarnos la recompensa, cuando era nuestro derecho porque así lo dice la ley", añade.
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