Imagen de archivo correspondiente a un control de tráfico de la Guardia Civil en una carretera de la provincia. Este cuerpo realizó más de 61.000 pruebas de alcoholemia en Segovia en 2008. / KAMARERO

En tres años se ha duplicado el número de diligencias abiertas por la Fiscalía de Segovia por delitos relacionados con violencia de género, ya que han pasado de 100 en 2005 a 202 el año pasado, según los datos que recoge la última memoria del Ministerio Fiscal en la provincia.
El fiscal jefe de Segovia, Antonio Silva, explica que esta problemática es compleja y muy cambiante. Reconoce que “ha mejorado mucho” la colaboración con las fuerzas de seguridad, especialmente tras la creación de comisiones especiales, subsidiarias de la Subdelegación del Gobierno, por ejemplo.
Recuerda también que la apertura de este tipo de diligencias puede estar motivado por tres tipos distintos de fuente: las propias víctimas, profesionales sanitarios o de los servicios sociales y vecinos o familiares. En este sentido, considera que en el último año se ha constatado que las denuncias de vecinos son en la actualidad anecdóticas, “porque se limitan a una llamada telefónica a la policía” pero sin ofrecer datos personales para evitar comparecencias en comisaría o en juzgados. Así mismo, han disminuido las procedentes de profesionales “porque han tomado conciencia de que cuando la víctima no quiere colaborar es muy difícil que prosperen”.
Por otro lado, al igual que en 2007, el 50% de las víctimas son mujeres extranjeras —magrebíes y búlgaras, sobre todo— y los agresores también proceden de estos países. Recalca las especiales condiciones que se dan en estos casos (dificultades idiomáticas, diferencias culturales y legislativas con sus estados de origen, etc). Así mismo, Silva destaca que muchas denunciantes “se echan atrás por un condicionante económico; están en una situación de desarraigo, fuera de sus países y dependen casi en exclusividad de los recursos de sus parejas”.
Otro aspecto es que crece más el número de denuncias dentro de parejas de hecho o novios (en ocasiones cuando la relación ya se ha roto) que en el seno de matrimonios formalizados. También está descendiendo la edad de víctimas y agresores, siendo la media en el primer caso de 35 años, frente a la situación predominante cuando entró en vigor la Ley contra la violencia de género, que era de cincuenta.
El fiscal de Segovia indica que no existen agresiones en la provincia en las que no exista relación entre el maltrato y problemas de alcoholismo, drogadicción o enfermedades psíquicas o de salud menta. Además, la crisis económica está contribuyendo a empeorar este problema social.
Aumentan también las denuncias en agresiones físicas recíprocas y la Fiscalía percibe en muchos casos falta de colaboración de las víctimas en la persecución de estos delitos, ya que incluso llegan a solicitar la retirada de órdenes de protección.