La directora del colegio Elena Fortún, Isabel López Leonor, trabajando con el secretario y el jefe de estudios del centro. En este colegio solo hay una candidatura a la dirección./KAMARERO

La comunidad educativa de 23 centros docentes de la provincia de Segovia está implicada en un proceso de selección y nombramiento de sus directores desde el pasado día 15 de abril y hasta el día 1 de julio, fecha en la que comenzará el nuevo periodo de mandato o, según precisan varias personas que han pasado por este cargo, de “responsabilidad y trabajo”.
Y es que más que un puesto de liderazgo, entre los docentes está extendida la opinión de que la dirección es una carga y un quebradero de cabeza que no queda compensado con los puntos que aporta al expediente ni con el complemento específico que se cobra por desarrollar esta labor. Éste es el argumento más repetido por inspectores, directores, maestros y profesores para explicar la falta de candidatos que se registra en el concurso de méritos convocado por la Consejería de Educación, según orden de 7 de abril de 2009, para cubrir las vacantes de directores de centros docentes públicos de enseñanzas no universitarias de Castilla y León que se vayan a producir el próximo día 30 de junio. Hay siete centros sin candidatos, catorce con un único aspirante, que en muchos casos ya ha ocupado este puesto y repite para cubrir un posible vacío, y sólo en dos colegios de la capital, “Carlos de Lecea” y “El Peñascal” se puede hablar de un verdadero proceso de selección porque hay, en cada uno, dos maestros que han presentado su propuesta de dirección.
Las vacantes para las que no hay candidatos se cubrirán a través de un nombramiento con carácter extraordinario. Según recoge la orden de la Consejería de Educación, el director provincial de Educación nombrará director a un profesor funcionario de carrera por un período de cuatro años.
En el resto de casos se forma una comisión de selección en cada centro docente con vacantes. Uno de los aspectos que destaca la Consejería de Educación de este proceso es que se realiza con la participación de la comunidad educativa, padres, profesores y alumnos, y de la administración educativa “permitiendo seleccionar a los candidatos más idóneos profesionalmente y con mayor apoyo de la comunidad educativa”.
La comisión de selección estará integrada por seis personas, dos son representantes del claustro de profesores, dos representantes del consejo escolar (preferentemente padres y alumnos, según la edad de éstos y el tipo de centro) y dos inspectores o funcionarios de la Dirección Provincial de Educación.
Hoy, día 27 de mayo, concluye el plazo de constitución de estas comisiones que, entre otras, funciones tienen la de baremar los méritos de cada candidato (si bien las secciones de Gestión de Personal de Educación hacen una puntuación previa) de acuerdo a su trayectoria profesional, cursos de formación, el ejercicio de cargos directivos, y otros méritos; así como valorar el proyecto de dirección que todos los aspirantes deben presentar y por el que, al menos, deben conseguir un mínimo de cinco de los diez puntos en juego en este apartado para poder seguir en el proceso de selección. De hecho, si los miembros de la comisión lo consideran necesario podrán entrevistar a los candidatos para que expliquen su proyecto.
El día 8 de junio se publicarán en la Dirección Provincial de Educación la valoración provisional de los aspirantes, y tras un periodo de alegaciones y subsanación, el 26 de junio la definitiva, para que, posteriormente, el titular provincial de Educación nombre a las personas que desde el 1 de julio de 2009 y hasta el 30 de junio de 2013 serán directores de 23 centros docentes, de los que nueve son colegios, dos institutos, cinco centros rurales agrupados, el único centro de educación obligatoria (CEO) que hay en la provincia, un centro de educación especial y cinco de educación de adultos.
Las vacantes convocadas se han producido por conclusión del periodo de cuatro años o bien corresponden a las plazas ocupadas por directores cuyos nombramientos fueron anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en octubre de 2008.