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MUNICIPAL
El Ayuntamiento recurrirá al TSJ el fallo favorable al exconcejal socialista
La alcaldesa afirma que los técnicos y los servicios jurídicos coinciden en que hay base para un recurso porque la jurisprudencia existente justifica los criterios de Urbanismo
Gonzalo Ayuso - Segovia | 09/11/2017
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La alcaldesa, Clara Luquero, ha anunciado que el Ayuntamiento va a recurrir al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la sentencia en primera instancia favorable al exconcejal socialista Juan Cruz Aragoneses, quien a su vez había recurrido las medidas adoptadas por la Unidad de Disciplina Urbanística del consistorio por una infracción grave cuando se ejecutaron obras de rehabilitación en una vivienda ubicada en la calle de San Vicente el Real.
La portavoz del Grupo Popular, Raquel Fernández, denunció el miércoles que todo indica que este expediente “se ha dejado morir”, de manera que la infracción urbanística ha prescrito, según los cálculos que recoge la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia con fecha del pasado 24 de octubre, que estima el recurso de Aragoneses. La concejala del PP pidió, además, que se depuren responsabilidades si se comprueba que efectivamente no se ha actuado con la diligencia debida.
“No estamos de acuerdo en que haya prescrito y lo avala la jurisprudencia existente y en concreto una sentencia del TSJ, que interpreta, igual que hacen los técnicos municipales y los jurídicos, que todo tiene que ver con la paralización del procedimiento administrativo cuando se incoan diligencias penales”, explica la alcaldesa. “El Ayuntamiento lo único que quiere es que se reponga la legalidad urbanística cuanto antes”, asegura.
Indica la regidora segoviana que “se actuará como procede”, si finalmente el tribunal autonómico da la razón al Ayuntamiento, con la obra ejecutada en la finca propiedad de su excompañero en el equipo de Gobierno municipal hasta 2010, durante el segundo mandato del alcalde Pedro Arahuetes. Por otra parte, llama la atención sobre la actitud del Grupo Popular, “montando un escándalo” cuando se trata de una actuación urbanística “de relativa importancia, cuando hay otras, como los más de cuarenta miniapartamentos ilegales en un proyecto liderado, o del que era socio, un concejal del PP en su momento, que hubo que demolerlos todos por sentencia judicial”.
La alcaldesa comenta que en este momento hay en marcha “centenares de procesos de reposición de la legalidad” en la Concejalía de Urbanismo porque cada año se abren 3.000 expedientes, para sostener a continuación que hay algunos con atentados contra el patrimonio cultural “muy importantes, no una huerta por ahí, que construyen una terracita...”.
CÁLCULO Para estimar el recurso de Aragoneses, el juez de lo Contencioso toma como referencia varias fechas. Así, indica que transcurren 4 meses y 12 días entre el momento en el que Urbanismo tiene conocimiento de irregularidades en la ejecución de las obras de rehabilitación (el 1 de junio de 2010) y el decreto que suspende el procedimiento administrativo por incoación de un procedimiento penal (13 de octubre de 2010). Por otro lado, desde la notificación del archivo de esa vía penal (27 de mayo de 2013) y hasta la notificación al interesado de la incoación de procedimiento de restauración de la legalidad urbanística (el pasado 17 de enero) pasan 3 años, 7 meses y 21 días, por lo que la suma resultante son cuatro años y tres días, cuando el plazo de prescripción es de cuatro años.

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