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MUNICIPAL
El PP dice que "se ha dejado morir" la infración urbanística cometida por un exconcejal socialista
Raquel Fernández exige que se depuren responsabilidades y considera muy grave que no se restaure la legalidad en una propiedad del que fuera edil del Ayuntamiento segoviano Juan Cruz Aragoneses
Gonzalo Ayuso - Segovia | 08/11/2017
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  Vivienda rehabilitada en la propiedad del exconcejal Juan Cruz Aragoneses. / KAMARERO

No será porque no estaban avisados. En el pleno de abril del año pasado el portavoz del Grupo municipal de UPyD Centrados en Segovia, Cosme Aranguren, presentó varias preguntas, dirigidas a la alcaldesa, sobre la posibilidad de que prescribiera el expediente sancionador por una infracción urbanística en una propiedad del exconcejal socialista Juan Cruz Aragoneses. Al mes siguiente, fue el concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, quien las respondió en el pleno y afirmó que no había prescrito y “en cualquier momento se va a reiniciar”. Sin embargo, según ha desvelado la portavoz del PP, Raquel Fernández, la Junta de Gobierno Local tuvo conocimiento la semana pasada de la prescripción de este expediente de restauración de la legalidad urbanística por solo tres días.

Fernández explica que la prescripción está reconocida por el juez de lo Contencioso-Administrativo en una sentencia y eso significa “que este señor no tiene ningún tipo de responsabilidad a efectos administrativos, de momento”.

Desde el PP indican que el plazo de prescripción es de cuatro años, para las infracciones graves y muy graves, y en este caso el procedimiento fue notificado al infractor cuatro años y tres días después. “Al menos que se nos demuestre lo contrario, nosotros pensamos que este asunto se ha dejado morir, no se ha tratado con la diligencia debida y pensamos que voluntariamente”, añade Fernández.

La portavoz del principal grupo de la oposición municipal califica de muy grave esta prescripción y apunta a “una clara negligencia de funciones por parte de alguien que hay que dilucidad; aquí solamente puede haber dos tipos de culpables, o un responsable político o un responsable técnico. Por eso exigimos a la alcaldesa que investigue y tome las medidas oportunas”.

Fernández sostiene que “es uno de los poquísimos casos, por no decir el primero que conocemos, en el que una infracción urbanística tipificada como grave no se ha seguido con los plazos establecidos y casualmente por tres días. Insistimos en que los hechos son de una relevancia importantísima y queremos ponerlos en conocimiento de la ciudadanía, denunciarlos y exigir que se depuren responsabilidades”.

ANTECEDENTES El expediente urbanístico se inició en 2004 y la licencia de obras para rehabilitación de una vivienda en una huerta del valle del Eresma se concedió en el año 2005. La primera denuncia que recibe el Ayuntamiento en el sentido de que las obras ejecutadas no se ajustaban a la licencia se produce el 1 de junio de 2010, fecha en la que se inicia un expediente de investigación. En octubre de ese mismo año los responsables municipales tiene conocimiento de una demanda judicial por parte de los denunciantes —precisamente el arquitecto y el aparejador condenados por otra infracción urbanística, los de los miniapartamentos construidos sin licencia en otra huerta— y en ese momento se paraliza el procedimiento administrativo en el consistorio, según comentó Reguera en el pleno de mayo de 2016. Se suceden sentencias y recursos y eso genera “varios movimientos de inicio y cierre del expediente”, según el edil. La Audiencia Provincial cierra el proceso penal abierto contra el exconcejal socialista y su pareja —fue esta última quien solicitó la licencia de obras— en 2013, al no apreciar delito. Sin embargo, los tribunales sí reconocieron, como los propios técnicos municipales, que la obra en la vivienda no se ajustó a lo estipulado en la licencia, aunque el responsable de Urbanismo puntualizó en su respuesta que “tampoco se ha hecho un rascacielos”.

TRATO DISCRIMINATORIO. La portavoz de Grupo Popular, Raquel Fernández, considera que en este caso se ha dado, además, un trato discriminatorio, en relación con otras infracciones y comentó que en algunos casos, “hay afán persecutorio, un marcaje directo y un constante seguimiento del expediente”. Hace referencia en concreto a la restauración urbanística llevada a cabo en la huerta de los miniapartamentos, con foto de la alcaldesa en una excavadora y mensaje anticorrupción incluido.

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