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SOCIEDAD
Basta ya de echar a la gente
Amnistía Internacional recoge firmas para instar al Gobierno central a tomar medidas reales contra los desahucios, para que las personas sin recursos no se queden en la calle
V. Labrador - SEGOVIA | 04/11/2017
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  Amnistía Internacional instaló una mesa informativa sobre la campaña ‘SOS por el derecho a la vivienda’ y recogió firmas para apoyarla. / NEREA LLORENTE

No es la primera vez que se habla en un medio de comunicación sobre los desahucios y, lamentablemente, tampoco será la última. Los desalojos de gente sin recursos, que por avatares de la vida se encuentran con una mala situación personal y no pueden afrontar algunos pagos, han dejado de ser noticia, pero no por eso han dejado de existir, al contrario, siguen a la orden del día.
Afortunadamente hay personas que siguen luchando por ellos, para que sus historias no se diluyan en la vorágine del día a día y sigan siendo una noticia de actualidad, un problema que debe ser debatido y solucionado por las administraciones públicas.
Es el caso de Amnistía Internacional, que ha puesto en marcha la campaña ‘SOS por el derecho a la vivienda’, con la que denuncia que miles de personas siguen siendo desalojadas de sus viviendas en España sin garantías de protección y sin acceso a casas alternativas adecuadas. Sólo en 2016 hubo 34.193 desahucios de viviendas en alquiler en España, además de un total de 26.397 desalojos hipotecarios, según los datos que maneja la oenegé.
“Casi una década después del inicio de la crisis económica, el gobierno español no ha mejorado la protección del derecho a la vivienda. Tampoco ha adoptado medidas suficientes para proteger a las personas que han sufrido un desalojo”, denuncia Amnistía.
Y para poner freno a esta situación, está recogiendo firmas por todo el país, para presionar al Gobierno central e instarle a tomar una serie de medidas, con el apoyo de todos. Amnistía Internacional quiere que el Ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy “adopte un protocolo marco sobre desalojos que garantice la coordinación entre juzgados y
autoridades municipales, para proporcionar viviendas alternativas adecuadas a las personas con recursos limitados”, según explica Jorge Casas, representante de la oenegé en Segovia, quien estuvo ayer, junto a otros compañeros, informando a los ciudadanos sobre esta campaña en la avenida del Acueducto y recogiendo las firmas de los segovianos.
También se pide al Gobierno “que trabaje en coordinación con las comunidades autónomas para destinar más recursos a ampliar el parque de vivienda social y proporcionar ayudas adecuadas a la vivienda”, añadió Casas, quien recordó que llega el invierno y el mal tiempo, con lo que la situación de las familias afectadas por los desalojos es aún más complicada.
Además, las administraciones públicas tienen que darse cuenta, igual que lo hace la sociedad, de que la crisis del derecho a la vivienda no afecta a todas las personas por igual. Tiene un efecto añadido sobre las mujeres, especialmente las que encabezan hogares monoparentales maternos, mujeres con discapacidad o víctimas de violencia de género. Este punto ya se ponía de relieve en el informe de Amnistía Internacional ‘La crisis de la vivienda no ha terminado. El derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas de alquiler sobre las mujeres en España’, publicado en abril, que estaba centrado en las vulneraciones de los derechos humanos en el marco de los desahucios.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.

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