Trece años han trascurrido desde la entrada en vigor del contrato entre el Ayuntamiento y la UTE (unión temporal de empresas) Urbanos de Segovia— formada por La Sepulvedana y Transportes Urbanos de Zaragoza (Grupo Avanza)—. Hay que recordar que la concesión se acordó para un periodo de seis años prorrogable por otro también de seis, lo que significa que en junio de 2016 Segovia debería haber tenido un nuevo contrato y, por ende, un nuevo servicio con todas las mejoras anunciadas a finales de 2015, incluyendo la reforma completa de la flota. En definitiva, un año de retraso y el pliego pendiente todavía de su aprobación en el pleno, de hecho ni siquiera cuenta con el informe del interventor, según admitió ayer mismo la alcaldesa, Clara Luquero.
Precisamente, la regidora repetía prácticamente lo mismo que ya dijo hace tres semanas: “todos los departamentos tienen que supervisar el documento y piden su tiempo para verlo de una manera meticulosa, aunque han estado trabajando a la vez Contratación y Secretaría General, que de hecho están trabajando algunas tardes para avanzar en la supervisión jurídica, y la parte de condiciones administrativas, ya está pero falta que lo vea Intervención”. Es decir, han pasado 22 días y estamos en el mismo punto.
El pasado día de San Pedro, 29 de junio, el contrato cumplía ya esos trece años de su entrada en vigor. Hay que tener en cuenta, además, que la adjudicación por el pleno municipal se había producido meses antes, en marzo de 2004. Desde entonces han sido muchas las ampliaciones de contrato, mejoras de servicio, etc. y, por supuesto, la prórroga actual no contemplada en el pliego, ya que el segundo plazo de seis años concluyó en 2016.
Luquero repite desde hace meses que el pliego está ultimándose o, como ayer mismo comentó, “faltan detalles”. Anunció, por otro lado, que la secretaria general había comentado que no parecía conveniente que el pliego se someta a información pública durante el mes de agosto, más que nada por imagen, porque es legal. “A mí tampoco me gusta que salga a exposición pública en agosto, prefiero que esté en septiembre”, añadió la alcaldesa, que indica que se haría así “en aras a la transparencia para que haya concurrencia de las empresas de transporte, que pueden estar de vacaciones o bajo mínimos en agosto”.
Por eso es previsible que el pliego no se someta a la aprobación del pleno ordinario de julio o, en todo caso, se retrase su publicación en el Boletín Oficial hasta un mes después.
Desde el Partido Popular Raquel Fernández señala que puede entenderse que no tenga sentido su publicación en agosto pero “se trata de un retraso más” a los muchos acumulados, al tiempo que recuerda que el equipo de Gobierno no ha facilitado a la oposición ni las condiciones del pliego ni, como ha solicitado también el GMP, los informes previos sobre el servicio, que están desde 2015.
Como la propia regidora ha informado en otras ocasiones el procedimiento de licitación puede demorarse entre cuatro y cinco meses, por lo que el contrato no se formalizará hasta 2018.
