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TRIBUNALES
Dos usuarias de ‘La Tormenta’ van a juicio por un delito leve de usurpación
El fiscal pide para ellas una multa de mes y medio a razón de seis euros diarios. La defensa argumenta que no tienen nada que ver con el centro social, sólo acuden a sus actividades
V. Labrador - SEGOVIA | 23/03/2017
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  Los usuarios del centro social La Tormenta acudieron al juzgado para apoyar a las dos acusadas. / KAMARERO

El Juzgado de Instrucción número 4 de Segovia acogió ayer el primer juicio por la ocupación de un edificio en el barrio de Santa Eulalia —situado en la calle Convento—, en el que el colectivo La Tormenta ha instalado un centro social en el que se desarrollan diversas actividades desde hace meses.
En concreto, el juicio de ayer surgió de una denuncia por parte de la propiedad, la empresa Distralicón SL, contra dos chicas que, según el abogado Santiago Carabias, designado del turno de oficio, “son meras usuarias del centro social, sin que tengan ninguna capacidad de decisión sobre un posible desalojo”. De hecho, añadió el letrado en el Palacio de Justicia, “ni siquiera tienen acceso por su propia cuenta, sino que ellas van a las actividades que allí se organizan y allí se las identificó”.
Aunque llegaron a la sala sin tener clara la base de la acusación, finalmente resultó ser por usurpación —el abogado se había planteado que pudiera ser por allanamiento—, explicó Carabias; y el fiscal pidió para ellas una multa de un mes y medio, a razón de seis euros diarios, es decir, 270 euros. La empresa acudió al juicio sin abogado, pero pidió lo mismo que la Fiscalía y recuperar la propiedad del inmueble, añadió el letrado tras el juicio.
Carabias basó su defensa en que “la vía penal no es la adecuada para ventilar este asunto, ya que existen otras vías para recuperar la posesión, como es el interdicto civil o incluso la ley de Seguridad Ciudadana, que también prevé sanciones administrativas y la recuperación del bien para estos casos”. Además, insistió en que las dos acusadas “son meras usuarias del centro social”.
Sobre el motivo por el que la acusación recae sólo sobre estas dos jóvenes, cuando el centro tiene más usuarios, el letrado aseguró que “no lo sabemos, eso lo tendría que decir la propiedad o la Policía, porque en realidad estas personas no son las que ocupan el inmueble, sino que ellas acudieron a él, se las identificó y se las quiere exigir algo que ellas no pueden decidir”.
Por todo ello, insistió Carabias, “entendemos que no existe el tipo penal, que se debe acudir a vías civiles o vías administrativas y que no se ha cometido ningún delito penal, por lo tanto no cabe ninguna condena, sobre todo para dos usuarias de un centro social que ellas no conocen si está ocupado o si está alquilado o en qué título se ocupa”.

Residencia de estudiantes. Recordó el abogado que la propiedad había presentado unos documentos con los que pretendía demostrar “que estaba en vías de hacer una residencia de estudiantes; y ellos [los jóvenes de La Tormenta] dijeron que no querían quedarse con el inmueble, que solo querían desarrollar esta actividad hasta que empezaran las obras de la residencia, dado que el edificio está en ruinas y él [el propietario] no lo usa para nada coherente”.
Por ello, los miembros del colectivo intentaron llegar a un acuerdo con la propiedad, pero ésta no quiso reunirse con ellos. Así que, de momento, el centro social seguirá funcionando, “salvo que la persona exija la devolución de la posesión por otras vías, acredite su titularidad y vaya al Juzgado de lo Civil o a la vía pertinente para recuperar la posesión, ya que en principio no hay ninguna orden de desalojo”, apuntó el abogado.
El juicio quedó ayer visto para sentencia y no hay fecha para su resolución. Además, dijo Carabias, cuando se conozca el fallo puede haber apelaciones, así que el asunto “tardará un tiempo” en resolverse.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.

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