La última regularización catastral puede afectar a 7.600 inmuebles

El Ministerio ha actualizado los valores catastrales en 101 municipios de la provincia para este año

La última regularización catastral puesta en marcha por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Dirección General del Catastro, en 24 municipios de la provincia puede afectar a los propietarios de hasta 7.600 inmuebles, según la estimación de expertos en fiscalidad que advierten de la existencia de errores administrativos en un 7% de las regularizaciones catastrales realizadas hasta ahora, por lo que animan a recurrir si se producen discrepancias en la valoración.

Como ya informó El Adelantado, la Dirección General del Catastro publicó en el Boletín Oficial del Estado del pasado 20 de diciembre de 2016 la incorporación de 24 municipios segovianos, entre ellos la capital, Segovia, El Espinar, el Real Sitio de San Ildefonso y Turégano, entre los de mayor población, en el plan de regularización catastral puesto en marcha en los últimos años y que en principio iba a consistir en la revisión de la situación de los inmuebles de prácticamente toda España a mediados de este ejercicio, aunque en el caso de los correspondientes al último proceso se amplía el plazo hasta el 30 de noviembre.

La estimación de empresas como Impuestalia, especializada en la optimización impositiva del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y de otros tribunos asociados a la transmisión de inmuebles, es que el Catastro localice discrepancias en al menos un 10% de los inmuebles de estos municipios. Teniendo en cuenta que todos ellos suman 76.183, al menos 7.600 propietarios tendrán que hacer efectiva la regularización tanto de los urbanos como de los rústicos con construcción. La obligación afecta a los que no cumplieron en su momento la obligación de declararlos pero también las alteraciones de las características de los mismos u otras circunstancias que terminan un alta o modificación catastral. En el caso de la capital segoviana la cifra podría superar los 4.000 aunque los expertos señalan que es en el medio rural donde el porcentaje de irregularidades suele ser superior.

NOTIFICACIONES El procedimientos se realiza de oficio, por lo que los propietarios de inmuebles donde se detecte alguna incidencia recibirán una notificación. La directora general de Impuestalia, Carmen Villa, afirma que se estima que al menos un 7% de esas notificaciones puede contener errores en la valoración.

En términos económico, el coste por cada regularización supone el pago de una tasa de 60 euros. A esta cantidad se sumará la derivada del incremento o modificación en construcciones no comunicados en años anteriores. El plazo de presentación de alegaciones desde que se recibe la notificación es de quince días.

ACTUALIZACIÓN DEL IBI Por otra parte, el pasado 2 de diciembre el Gobierno de España aprobó un Real Decreto que, entre otras medidas, incluyó los coeficientes de actualización de valores catastrales para 2017 en más de 2.400 municipios españoles, entre ellos 101 de Segovia.

La utilización de la figura del Real Decreto se justificó porque en esa fecha ya se sabía que iba a ser imposible tramitar el proyecto de Ley de Presupuestos para 2017 antes de final de año, documento donde habitualmente se actualizan los valores catastrales. Además, esta medida tiene una repercusión inmediata en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se devenga el 1 de enero de cada año, de ahí la premura para que los ayuntamientos aprobasen a tiempo nuevas ordenanzas fiscales para adaptar los tipos de gravamen en el IBI, de acuerdo con las previsiones presupuestarias que hubieran realizado contando con dicha actualización. El listado de municipios ya se había publicado en el BOE el 29 de septiembre y los coeficientes de actualización oscilan entre 0,87 y 1,08, dependiendo de la entrada en vigor de la ponencia de valores.

Sin embargo, el PSOE de Segovia calificó de “durísima” la revisión de valores catastrales y acusó al Gobierno de Rajoy de actuar al margen de los intereses de los ciudadanos. La polémica no sólo se registró en Segovia, sino en todo el Estado, por lo que el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro emitió una nota de prensa aclaratoria en la que afirmaba que la medida “no supone necesariamente una elevación en el IBI», recordó que la actualización se había realizado a petición de los propios ayuntamientos y que son estos “los que en aplicación de sus competencias tributarias, y mediante la determinación del tipo impositivo, deciden la cuota a pagar en el impuesto”.