Un total de 84 familias segovianas han recibido o reciben prestaciones para hacer frente a situaciones de urgente necesidad relacionadas directamente con lo que se conoce como pobreza energética; es decir ayuda económica para evitar, principalmente, el corte del suministro eléctrico en sus viviendas.
Estas prestaciones forman parte de una red pública de apoyo afectadas por la crisis en la que intervienen diferentes administraciones, desde la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a los servicios sociales del Ayuntamiento de Segovia y de la Diputación Provincial, así como sendos convenios entre el Gobierno autonómico y las empresas de distribución de energía Gas Natural Fenosa e Iberdrola que regulan el protocolo de actuación.
Detrás de las frías cifras y la necesaria burocracia de los expedientes administrativos hay personas con nombre y apellidos, en muchos casos familias con menores que por diferentes motivos no pueden hacer frente a los gastos habituales que generan los servicios básicos en una vivienda.
El caso de la octogenaria Rosa, la vecina del 2º B, inquilina de un pisito del centro de la ciudad catalana de Reus, ha removido conciencias y alarmado a una sociedad que desconoce que en torno a 1.800.000 familias españolas carecen de fluido eléctrico en sus casas, según un informe de la Asociación de Ciencias Ambientales que recoge una estimación del año 2014. La anciana Rosa falleció sola como consecuencia del incendio provocado por la caída de una vela en su colchón a los pocos días de que la compañía eléctrica le cortara el suministro.
Dos días después, a una pregunta sobre la situación de pobreza energética en la capital segoviana, la alcaldesa, Clara Luquero, quien ante la alarma social generada había solicitado el dato y llevaba la respuesta preparada, informó de que a través de los tres Centros de Acción Social (CEAS) repartidos por la ciudad (situados en la avenida del Acueducto —para la Zona Centro—, en el Centro Cultural de San José —Zona Sur— y en el Centro de Servicios Sociales de La Albuera —Zona Norte— se han tramitado este año, hasta el 31 de octubre, 47 ayudas para situaciones de urgente necesidad relacionadas con esta problemática.
Desde los Servicios Sociales de la Diputación de Segovia, Teresa Fernández apunta la cifra de 27 expedientes por el mismo motivo en los Centros Agrupados de Acción Social (CEAAS) repartidos por la provincia, que son diez, aunque están ubicados en cuatro localidades: Cantalejo, Cuéllar, Prádena y La Granja (Real Sitio de San Ildefonso).
El concejal de Servicios Sociales de Segovia, Andrés Torquemada, explica a El Adelantado que las prestaciones por situaciones de urgente necesidad tramitadas desde enero de 2016 hasta el pasado mes de octubre ascienden a 269, destacando, además de las 47 relacionadas directamente con necesidades energéticas de los demandantes, las 139 destinadas al pago del alquiler de vivienda y 10 por situaciones de insolvencia ante el pago de hipotecas. Estos tres conceptos suponen más del 72% del total y el resto corresponde a ayudas para alimentación infantil, otros gastos de urgencia, para adquisición de medicamentos, etc.
Por su parte, Fernández puntualiza que el tipo de ayudas relacionadas con una situación de pobreza energética no sólo se producen ante un inminente corte del suministro eléctrico, sino también como prevención de que pueda producirse, cuando ya se prevé el impago de las facturas, y también por otros costes energéticos como el gasóleo de calefacción, etc.
Por otra parte, en cuanto al perfil de los beneficiarios de estas prestaciones, desde ambas administraciones señalan que se trata sobre todo de familias y, aunque también hay personas solas, en estos casos, sobre todo cuando son mayores, pueden ser recomendables otro tipo de recursos sociales.
Protocolo de coordinación
El convenio firmado entre la Consejería de Familia, la Federación regional de Municipios y Provincias y Gas Natural Fenosa en diciembre de 2015 establece un protocolo de coordinación y un procedimiento para evitar la suspensión del suministro de los clientes de la citada distribuidora de energía eléctrica. Así, cuando los servicios sociales de las administraciones locales detectan algún caso de vulnerabilidad por impago de facturas realizan una valoración técnica para determinar si puede ser beneficiario de una prestación de urgencia social con la que hacer frente a la deuda derivada del consumo de energía. La compañía está obligada a mantener el suministro mientras se gestiona la ayuda. En los casos en los que ya se ha procedido a interrumpirlo, y tras la actuación de los servicios sociales, Gas Natural Fenosa debe reestablecerlo en un plazo máximo de entre 24 y 48 horas.
