La oposición tumba el primer trámite para flexibilizar el uso de suelo industrial

Primer revés serio. El equipo de Gobierno sufrió el primer revés serio en este mandato corporativo al no sacar adelante la modificación del Plan General.

A juzgar por el cabreo no disimulado del concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera — llegó a decir que los concejales de la oposición hacían “una putada”, no al gobierno socialista sino al tejido empresarial de la ciudad— no se esperaba el revés que sufrió ayer en el pleno, cuando la oposición tumbó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) cuyo objetivo es dotar de una mayor flexibilizad a los usos del suelo industrial del municipio.

Por primera vez el Grupo Socialista sufrió las consecuencias de estar en minoría, a pesar de sus doce concejales, ya que el resto de grupos municipales no apoyaron la aprobación inicial de esta modificación del planeamiento urbanístico alegando, principalmente, la falta de tiempo para estudiar la propuesta, ya que el dictamen fue presentado de urgencia en la comisión informativa de Urbanismo del pasado lunes.

Toda la oposición reprochó la falta de información previa sobre una iniciativa que desde el Grupo Municipal Popular califican de estratégica, además de señalar una serie de carencias, en su opinión, ya que “no da respuesta a las necesidades y demandas de los empresarios”.

La portavoz de los populares, Raquel Fernández, indicó que los concejales han tenido cuatro días para estudiar el dictamen, cuando se lleva trabajando meses en la modificación del Plan General. En este sentido, reprochó que, a pesar de la oferta de la alcaldesa de diálogo y consenso al inicio del mandato “ya hemos visto que no, que las decisiones las toman ustedes solos, que deben pensar que tienen mayoría absoluta, y nos someten a un ninguneo que no vamos a tolerar”.

El Grupo Popular se abstuvo “por responsabilidad y sentido común”, según señaló, entre otros motivos porque, además de las formas, considera que el contenido está incompleto y presenta carencias, al “no contemplar la compatibilidad del uso industrial con el terciario de oficinas” ni “la posibilidad de instalar un bar independiente de cualquier industria o actividad” o el “uso residencial en la zona más integrada en la ciudad”.

Por otro lado, Fernández reprochó a Reguera que en la comisión del lunes se “ocultara” que el documento persigue “recalificar” los terrenos del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT), al reconocer, según la portavoz del PP, que hace falta un plan de viabilidad para este proyecto porque el plan maestro inicial no lo es.

El Grupo Popular asegura que esta modificación del PGOU “es una medida absolutamente necesaria para Segovia de cara a fomentar la dinamización empresaria” y afirma que contará, en su momento, con su apoyo “una vez que se haya trabajado en ella, se haya escuchado a todos los grupos políticos y se haya llegado a un consenso”.

Juan Manuel Alcalde, de Ciudadanos, se mostró indignado por la forma en la que se ha planteado a los grupos esta modificación y mostró algunas dudas sobre las repercusiónes que puede tener para el pequeño comercio tradicional de la ciudad, ya que el documento presentado por Urbanismo recoge cierta desprotección de este sector, según sus palabras. Al igual que el PP, considera que los cambios previstos en el plan maestro del terreno del CAT, en torno a 66.000 metros cuadrados, “es un tema lo bastante importante como para no llevarlo de urgencia” pocos días antes del pleno.

Ante las manifestaciones del resto de portavoces, que indicaban ya el sentido no favorable del voto, Reguera tachó estas posiciones de “irresponsables”, de obrar con “cicatería” y de “buscarse enemigos en todos los industriales de los polígonos”, además de detallar algunos proyectos que podrían resultar perjudicados, según él, como uno multi-industria en el polígono de Alresa o la implantación de instalaciones deportivas y una escuela de baile en otras áreas empresariales.

Ante estas acusaciones recibió un ‘chaparrón' de críticas, en el sentido de que la responsabilidad última era del gobierno socialista y del propio edil delegado por presentar la propuesta con tan poco tiempo. “Llevan doce años gobernando, la responsabilidad es suya”, le espetó Fernández, mientras Cosme Aranguren, portavoz de UPyD, dijo no admitir “ni amenazas ni bravuconadas”.

Antes de la votación, que con los doce votos socialistas no alcanzó la mayoría cualificada requerida en este punto, la alcaldesa, Clara Luquero, tomó la palabra para advertir que, de no salir adelante la medida, “se lastran multitud de oportunidades de desarrollo empresarial y generación de empleo en la ciudad”.