“Por un convenio colectivo digno que mejore las condiciones laborales”. Ese es el eslogan que, previsiblemente, unirá a los trabajadores forestales de Castilla y León en la huelga que han convocado para el próximo miércoles, 29 de julio.
En realidad, los convocados son cerca de 1.700 empleados distribuidos en un total de 103 cuadrillas de la región, según explicó ayer la responsable de Federación Agroalimentaria de CCOO, Soterraña Rico Yllera.
En Castilla y León, las competencias en materia de medio ambiente son de la Junta, una vez que se produjera la transferencia de esa gestión. Pues bien, la Administración Regional estableció, desde sus inicios, un sistema mixto con respecto a los trabajadores de medio ambiente: están los fijos (agentes medioambientales); los fijos discontinuos, que desempeñan sus funciones en torretas de vigilancia o en motobombas; y finalmente quienes se encargan de trabajos silvícolas y de extinción de incendios, trabajadores que forman parte de cuadrillas terrestres o helitransportadas.
Con respecto a los últimos, no son funcionarios de la Junta, sino que ésta saca a licitación el servicio, que lo desempeñan empresas privadas. “A este colectivo es al que le afecta el convenio colectivo”, señaló ayer Manuel Sanz Prieto, secretario general en Segovia de la Federación de Industria y Trabajos Agrarios de UGT. De acuerdo a sus datos, la Junta realiza “casi el 90%” de los contratos con empresas pertenecientes a la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO). “Esa es la patronal con la que UGT y CCOO tienen que negociar el convenio colectivo”, explicó Sanz Prieto.
Los dos sindicatos aseguran que, en los contratos que firma la Junta con las empresas forestales, “se incluye una claúsula que dice que (esas sociedades) deben cumplir el convenio colectivo en vigor”. Sin embargo, los sindicatos denuncian que “luego no es así”, a pesar de lo cual, “las empresas sí cobran a la Junta como si estuvieran pagando ese dinero a los contratados”.
El convenio 2008-2012 acabó en un conflicto colectivo, en el que el juzgado dio la razón a los sindicatos, y a partir de ahí las negociaciones para la firma de uno nuevo se llevaron a cabo, pero sin conseguir llegar a buen puerto.
Sanz Prieto criticó ayer que, en la actualidad, la Junta está adjudicando contratos con bajas “de hasta un 40%”. “Así —añadió— es fácil saber quien paga los platos rotos: los trabajadores”. Tal recorte conllevó, en palabras de Sanz Prieto, a una disminución de los salarios. Ahora mismo, uno de esos trabajadores cobra entre 700 y 1.000 euros. Aunque el colectivo está “indignado”, casi nadie se atreve a presentar una denuncia, pues “los contratos son de tres meses, y si uno lleva el asunto ante un juez, gana, pero nadie le va a volver a contratar”, lamenta Sanz Prieto, quien para acabar exigió a la Junta “que haga cumplir a las empresas el convenio colectivo”.
