La sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre la expropiación del talud de la avenida del Padre Claret supondrá un desembolso al Ayuntamiento en torno a 8 millones de euros, entre los 5,83 millones de euros del justiprecio y los 2,5 millones de la afección y los intereses de demora desde octubre de 2007. Así lo aseguró ayer el grupo municipal del PP, en un comunicado, tras conocer la última sentencia del Tribunal Supremo, que, en síntesis, obliga al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) a fijar de nuevo el justiprecio por este terreno, de 6.000 metros cuadrados, sin contar el aprovechamiento bajo rasante.
El PP sostiene, en un comunicado, que a esos 8,3 millones hay que descontarle los 109.158 euros ya pagados por el Ayuntamiento, que fijó en esa cifra el justiprecio de la finca, además del importe que determine el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
En concreto, los populares recalcan que la sentencia del Supremo obliga al TSJCyL a fijar el justiprecio de la expropiación del talud de la avenida del Padre Claret, utilizando los mismos criterios de la sentencia de instancia, salvo en la aplicación del aprovechamiento bajo rasante, que no podrá ser tomado en consideración para calcular el aprovechamiento urbanístico aplicable. Según los populares, el descuento por este concepto puede oscilar entre 0 y 100.000 euros para los propietarios y 1,2 millones de euros para el Ayuntamiento. A este respecto, el PP considera que el coste final de esta expropiación para las arcas municipales, en el caso más favorable, será de más de 7 millones de euros, “si bien lo más probable es que ronde los 8 millones de euros”.
Los populares recalcan que el origen de este largo pleito iniciado en 2006 es la falta de acuerdo del exalcalde Arahuetes y el exconcejal Conde Arambillet con la propiedad, que pretendía una expropiación de la parcela, debido a que por ella pasaban instalaciones públicas. En aquel momento, afirman los populares, la propiedad estaba dispuesta a resarcirse de la expropiación de la parcela con terrenos rústicos o urbanos, por importe de 3 millones de euros, “pero el Gobierno socialista, incluida la actual alcaldesa Clara Luquero, no aceptaron y ahora le va a costar a las arcas municipales, probablemente, en torno a los 8 millones de euros”.
Para el grupo municipal del PP “este es un ejemplo elocuente de la nefasta y peligrosa forma de gestionar el Ayuntamiento durante los 12 años de gobierno socialista de la señora Luquero”. El PP habla de un “constante recurso” a los litigios judiciales, que en los últimos seis años (2009-2014) ha supuesto el pago de terrenos por adjudicaciones y expropiaciones derivadas de sentencias judiciales por importe de otros 8 millones de euros y gastos por asesoramiento jurídico y contenciosos por importe de 1,26 millones de euros.
Para el cumplimiento de esta sentencia no existe la suficiente consignación presupuestaria, por lo que su aplicación “agotará prácticamente el remanente de tesorería” e “impedirá —llegan a afirmar los populares—la realización de la mayoría de las inversiones que la ciudad necesita”.
Sin embargo, lo “lamentable” para el PP es que con el cumplimiento de esta sentencia no se habrán zanjado todas las contingencias del Ayuntamiento, y así los populares citan otros pleitos pendientes, como el de la expropiación en la confluencia de la calle Soldado Español con la avenida del Padre Claret, del suelo para el Instituto de San Lorenzo.
“Si a esto añadimos el pago anual de 809.000 euros durante los próximos once años, del préstamo del edificio de emprendedores y los más de 400.000 euros anuales de gastos de mantenimiento de este edificio, no podemos por menos que confirmar lo que hemos venido manifestado en estos cuatro años, que el estado de las cuentas municipales es extremadamente grave”, afirma el PP. A este respecto, los populares reclaman el encargar a una empresa experta en la materia una auditoría de la cartera de pleitos del Ayuntamiento de Segovia, al objeto de estimar, en términos de probabilidad, la cuantificación de las contingencias y el periodo en que previsiblemente pudieran tener lugar.
‘Hay un colchón para afrontar los pagos’.- La alcaldesa, Clara Luquero, admitió ayer que sentencias como la del talud de Padre Claret suponen perjuicio para el Ayuntamiento, aunque el Gobierno municipal “ha sido muy prudente en cuanto a los gastos” y las arcas municipales disponen de un “colchón” —por importe superior a los ocho millones de euros— “para afrontar los pagos” derivados de sentencias judiciales que sean desfavorables.
Luquero explicó que la sentencia del Supremo, en respuesta a un recurso de casación, “no dió parcialmente la razón” al no estimar el justiprecio relativo al aprovechamiento bajo rasante del talud, lo que supone, según dijo, una rebaja del precio de expropiación en 1,2 millones. Por otro lado, la alcaldesa se refirió a una providencia del TSJCyL donde se justifica la eliminación de esos 1,2 millones. Sin embargo, la propiedad ha pedido la anulación de la sentencia del Supremo y ha recurrido la providencia del TSJCyL. “El pleito no ha concluído, sigue el procedimiento”, dijo.
