Las mermadas arcas municipales se enfrentan a un desembolso millonario en virtud de una nueva sentencia judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha emitido una sentencia que estima parcialmente el recurso presentado por la empresa Navisa contra la resolución de la Comisión Territorial de Valoración de la Junta de Castilla y León que fijó el justiprecio de expropiación de la finca reservada para el futuro instituto de secundaria de San Lorenzo. La Comisión valoró la parcela, de 10.380 metros cuadrados, en 1,7 millones de euros, cantidad que abonó a la empresa el Ayuntamiento, que en su día se comprometió a hacerse con la titularidad de la parcela para, posteriormente, cederla a la Junta, administración encargada de construir el futuro centro educativo.
Al término de la junta de Gobierno local, el alcalde accidental, Andrés Torquemada, informó que la resolución de la Comisión fue recurrida por Navisa, propietaria de la finca, que reclamó una cantidad próxima a los 12 millones de euros. La sala de lo Contencioso del tribunal estima ahora que el justiprecio debe ascender a 5.641.828,72 euros, esto es, casi cuatro millones por encima de lo que calculó la Comisión Territorial de Valoración, que fue lo que abonó el Ayuntamiento. De esta manera, las arcas municipales se enfrentan a tener que pagar esos cuatro millones a mayores a Navisa.
No obstante, Torquemada aclaró que la sentencia «no es firme» y que los servicios jurídicos del Ayuntamiento ya estudian las vías para recurrir el fallo judicial. En la sentencia la parte demandada es la Junta de Castilla y León (en tanto que se recurrió la resolución de un órgano dependiente de la administración regional, la Comisión Territorial de Valoración) y el Ayuntamiento es la parte ‘codemandada'. Aunque el recurso podrá presentarse de forma conjunta por parte de ambas administraciones, el desembolso, si finalmente el revés judicial a los intereses municipales se confirma, solo puede proceder de las arcas del Ayuntamiento; al que el pago de esta importante cantidad supondría un grave trastorno económico.
Tras un proceso casi eterno, de cerca de diez años, el entonces alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes, y Eva Esteban, en representación de la propiedad, la empresa Navisa, firmaron el 10 de agosto de 2009, a pie de finca, el acta de ocupación de los terrenos que ocupan algo más de 10.000 metros cuadrados —con unos 15.000 de edificabilidad—, entre Vía Roma y la calle Terminillo, junto al Colegio Nuestra Señora de la Esperanza. El municipio consiguió la titularidad de la parcela tras pagar a la propiedad 1,7 millones, aunque la empresa Navisa recurrió a los tribunales para incrementar la cantidad recibida.
En concreto, se trataba de una finca de 10.380 metros cuadrados de los 20.917 que tiene la Casa de Guardas; calificada en el PGOU como sistema general de equipamiento cultural. La intención del Ayuntamiento de la capital era adquirir, por el sistema de ocupación directa, los 10.537 metros que no fueron expropiados entonces, para ubicar los distintos equipamientos del futuro instituto. El pleno del 1 de septiembre de 2009 acordó la cesión de la finca a la Junta; mientras que unos meses después, Arahuetes indicó que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia había desestimado el recurso de Navisa contra el acuerdo municipal de declarar de urgencia la ocupación de los terrenos para la construcción del instituto, así como su expropiación, declarando así conforme a derecho estas actuaciones.
El 17 de septiembre de 2010, el entonces alcalde informó que el TSJCyL desestimó un nuevo recurso presentado por Navisa por la ocupación y expropiación de los terrenos. Y un año después, el 16 de septiembre de 2011, se informó de otra sentencia, del mismo tribunal, que apuntó que el precio que pagó el Ayuntamiento en concepto de expropiación, esos 1,7 millones, fue el correcto. Entonces Navisa reclamaba la cantidad de 21,6 millones, 20 millones por encima del justiprecio.
