El grupo del PSOE pedirá en el pleno de la Diputación Provincial que el Gobierno de Rajoy anule la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para el año 2015, “para que no ahogue otra vez más las economías familiares y promueva una financiación estatal suficiente para los municipios”. El portavoz del grupo socialista, José Luis Aceves, explicó que la ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, en su artículo 8 regula el incremento al alza del IBI para todos los ayuntamientos del país, para los ejercicios 2014 y 2015. “Esta ley supuso la prórroga para los ejercicios 2014 y 2015 del incremento del tipo impositivo del IBI para los inmuebles urbanos, que ya vino aplicando el Gobierno del PP para los años 2012 y 2013. Los segovianos han visto reflejado en sus recibos contributivos para 2014 las fuertes subidas impuestas por el PP y ahora se quiere para 2015 confirmar el sablazo de la subida del IBI impuesta por el Gobierno de Rajoy sin contar con nadie”, apuntó Aceves.
“De este modo, —añadió— el Gobierno de España acude de nuevo a una subida de impuestos contradiciendo los propios compromisos electorales del PP. En dicho artículo se adoptan una serie de modificaciones con respecto al IBI que vienen a modificar sustancialmente las medidas que, en materia de impuestos municipales, adoptaron las corporaciones locales en sus respectivas ordenanzas de impuestos, tasas y precios públicos”. Dichos incrementos oscilan entre un cuatro y un diez por ciento, dependiendo el año en el que se realizó el procedimiento de valoración colectiva y otros supuestos, según Aceves.
Los socialistas consideran que la subida del tipo de gravamen del IBI supone de facto una “inmisión” del Estado en el ámbito de la autonomía local proclamado como principio en la organización estatal. Por tanto, piden al PP su apoyo para que se modifique el artículo 8 de la Ley 16/2013 de 29 de octubre, anulando la subida del IBI para 2015, y estableciendo un sistema en el que se respeten las competencias de cada administración: el Estado con las valoraciones catastrales y cada entidad local, en base al principio de autonomía municipal, aplicando el gravamen que estime oportuno.
