La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, Silvia Clemente, expresó ayer su confianza en que la nueva regulación europea de los sellos de calidad ayude a la producción alimentaria de Castilla y León, donde existe un gran número de figuras de protección.
Clemente participó en el Convento de Mínimos en la jornada sobre el Paquete de Calidad Alimentaria que pretende crear un marco regulador común para el etiquetado de calidad de los alimentos, y que ordene tanto la producción como la comercialización de los productos.
En declaraciones a los periodistas al comienzo de la jornada, Silvia Clemente destacó que la normativa tiene una alta “importancia para nuestra Comunidad”. Y señaló que Castilla y León ha hecho “a lo largo del tiempo un gran esfuerzo y ha dirigido sus políticas a la mejora de todos aquellos niveles de protección de la calidad hacia nuestras grandes producciones alimentarias”.
En este sentido recordó que la Comunidad ocupa un lugar destacado en las principales producción de materias primas, “y lo hacemos con nuestras figuras de calidad, con las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas Protegidas”. “Ahora se plantean modificaciones que van a mejorar los procedimientos de protección de nuestros alimentos y algunos aspectos van a ser decisivos”, aseguró Clemente.
Una de las propuestas que Clemente considera positivas es la incorporación de la etiqueta dirigida a producciones de zona de montaña. “En nuestra Comunidad tenemos ya zonas identificadas como tales hemos dado pasos con esta marca de calidad ligada a espacios naturales, que nos permitiría dar un reconocimiento europeo a estas producciones y ampliar la cobertura a producciones que tienen un gran valor añadido desde el punto de vista de la calidad”.
Etiquetar el origen
La consejera también estimó positivo que se incluya el origen en el etiquetado de los productos alimenticios, especialmente en casos como el lechazo. Hasta ahora sólo era obligatorio legalmente incluir en la etiqueta el sitio de sacrificio pero no del lugar de origen, “y eso podía dar lugar a fraudes porque los ciudadanos no podían identificar lechazos de Castilla y León de otros que podían haber llegado de otras zonas, aunque se hubieran sacrificado en Castilla y León”. En todo caso desde la Junta se ha avanzado en buena medida al incorporar “nuestros propios sistemas de protección y hemos paliado esta situación, pero con el reconocimiento comunitario será aun paso decisivo”, agregó la titular de Agricultura y Ganadería.
En el mismo sentido se pronunció sobre la leche de vaca, sobre la que tampoco existe obligación de identificar en su etiquetado, de modo que en un mismo tetrabrik puede mezclarse leche de diferentes producciones, como puso de ejemplo la consejera. En este sentido apuntó que existe producción lechera en Castilla y León de reconocida calidad que y certificada por Europa. De este modo los consumidores “podrán adquirir leche con la seguridad de que están comprando un producto de calidad”.
También defendió en este sentido la puesta en marcha de una marca de garantía como Tierra de Sabor con la que se da cobertura a todas las producciones de la Comunidad. “La principal obligación y requisito para estar en Tierra de Sabor es que las materias primas se hayan producido en Castilla y León”, aclaró Clemente. A su juicio, la nueva normativa europea es un “paso decisivo” para la mejora de la normativa de la calidad alimentaria y para Castilla y León porque supera en cuanto al número de figuras de calidad a 14 países europeos. “En total tenemos 34 figuras de calidad de reconocimiento comunitario”, señaló.
El concejal de Empleo del Ayuntamiento de Segovia, Javier Giráldez, que recibió a los participantes, se mostró “creyente absoluto” de la calidad en todos los aspectos, tanto los alimentarios y gastronómicos como de las administraciones públicas.
Por su parte, las eurodiputadas Iratxe García y Esther Herranz expresaron su deseo de que la norma europea fortalezca la calidad de los productos europeos, y mejore la rentabilidad que obtinen los agricultores y ganaderos. Y advirtieron de los problemas que pueden generarse cuando los productores puedan gestionar el volumen de producción.
Sobre el etiquetado en origen dijeron que existe en algunos sectores, pero en el resto habría que ver antes su impacto dada la estructura actual de la producción alimentaria europea.
El MARM defiende la regulación
La directora general de Industria y Mercados Alimentarios de MARM, Isabel Bombal, también participó ayer en Segovia en el seminario organizado por el Parlamento Europeo, para debatir sobre los trabajos realizados en relación con la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo sobre esquemas de calidad de los productos agrarios, que forma parte del ‘Paquete de Calidad Alimentaria’. En su intervención presentó los principales resultados de los trabajos llevados a cabo en el Consejo de la UE sobre la propuesta y destacó el refuerzo del papel de las agrupaciones de productores. Bombal se refirió a los debates que siguen existiendo en relación con el periodo de referencia temporal (25 ó 50 años) para que un producto sea considerado “tradicional”, el ajuste y simplificación de las definiciones de DOP e IGP, y la eventual regulación “producto local y venta directa”.
Por su parte, el jefe de la Unidad de Política de Calidad de los Productos Agrícolas de la Comisión Europea, Michael Erhart, hizo hincapié en la importancia de separar el hecho de que se identifique un nivel de calidad con un país de origen, y que se asemeje más a una figura de calidad, porque la armonización de los criterios europeos de protección deben ser similares en todos los países. Pero siempre dejó claro que el mercado común europeo tiene como base la libre circulación de personas y mercancías, uno de los principios de la UE.
También se mostró algo crítico con la “proliferación y multiplicación de símbolos de certificación”, algo que también denunciaron algunos de los representantes de productores certificados que asistieron a la jornada de Segovia. Igualmente defendió que los productores puedan limitar y autorregular su volumen de producción como forma de justificar la calidad y para garantizar sus precios.
