La pandemia del Covid 19 está causando estragos en nuestro país, con un número oficial de fallecidos en torno a 27.000 personas, que pudieran realmente superar los 40.000 muertos si se incluyen los contagiados a los que no se les han practicado los tests PCR, pero que presentaban síntomas compatibles, como es el caso de los miles de ancianos fallecidos en las residencias geriátricas, en sus domicilios o en los propios hospitales. Todo ello a pesar de unas durísimas medidas de confinamiento, amparadas por un estado de alarma excesivamente largo, durante el cual las carencias de nuestra Sanidad pública, el deficiente abastecimiento de material sanitario y el carísimo precio de unos 45.000 sanitarios contagiados, no han logrado toda la efectividad que pretendían para frenar la pandemia en España. Eso sí, el Gobierno ha aprovechado los decretos que le permite ese estado de alarma para otros fines que nada tienen que ver con la lucha epidemiológica, como por ejemplo, el nombramiento del vicepresidente podemita y del jefe del gabinete presidencial en el CNI, el cierre del Parlamento durante un período injustificable, el nombramiento de una pléyade de altos cargos (muchos sin ni siquiera cumplir los requisitos legales), la tramitación de iniciativas legislativas como la ley de la eutanasia, la reforma de la educación o medidas sobre la Justicia, o la privación de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, distracciones interesadas y partidistas que tal vez han mermado la eficiencia del Gobierno en su combate al virus que asola nuestro país.
El resultado ha sido un parón enorme en muchos sectores de la economía española, que ha tenido una tremenda repercusión en el mercado laboral. Concretamente, a primeros de mes el Gobierno publicó los datos de afiliación a la Seguridad Social, según los cuales a 30 del pasado mes de abril el número total de trabajadores, tanto por cuenta propia como ajena, afiliados a la SS alcanzaba los 18.396.362, lo que supone un descenso bimestral de casi 950.000 personas en total, que previsiblemente continuará durante los meses siguientes. Hay que tener en cuenta, a su vez, que dentro de ese total de afiliados de alta figuran 3.386.785 trabajadores por cuenta ajena afectados por ERTEs a quienes se les ha reconocido la prestación de desempleo, pero que no figuran en el registro del paro; a ellos también cabría añadir los trabajadores de alta en la SS afectados por ERTEs en fase de tramitación, de los cuales no existen datos oficiales, pero que por declaraciones públicas podrían superar el millón o millón y medio de personas con expedientes pendientes de resolución; así como los más de un millón de autónomos con prestación por cese de actividad y que figuran de alta en la Seguridad Social. En definitiva, si tenemos en cuenta, además del descenso neto de afiliados que reflejan las estadísticas, todos los trabajadores afectados por solicitudes de ERTEs y autónomos por cese de actividad, el descenso real en el empleo durante el mes y medio de pandemia se aproxima a los siete millones de trabajadores.
El maquillaje de los datos de empleo, que, como hemos visto, supone que el 32% de la cifra oficial de afiliados están afectados por estas situaciones especiales que les eximen de cotizar y les asignan una prestación, es asimilable a las estadísticas de desempleados. Con los datos del Servicio Público de Empleo, a finales de abril el número de parados alcanzó las 3.831.203 personas, con un aumento bimestral (marzo y abril) de 585.156 parados, que afectan especialmente a los sectores de servicios (hostelería, comercio, etc). Aunque no figuran registrados como parados, a primeros de mayo han cobrado prestaciones los 3,4 millones de trabajadores a los que se les han reconocido prestaciones por ERTEs y 1,2 millones de autónomos con prestaciones por cese de actividad, a los que habría que añadir el millón o millón y medio de trabajadores con ERTEs en trámite, lo que da una cifra efectiva de parados en torno a los 9,4/9,9 millones de personas, es decir, que la tasa de paro cierta a finales de abril no sería del 16,66%, sino el 41%/43% sobre la población activa de la última EPA, con lo cual dicha tasa se habría triplicado desde febrero a abril. A primeros de mayo el Gobierno dice haber pagado prestaciones de desempleo a 5,2 millones de personas, por un importe de 4.512 millones de euros, pero, como puede deducirse, realmente los desempleados efectivos son casi el doble. Por ello, es previsible que el coste sea galopante, y más si se le incorpora la “Renta Mínima” que el Gobierno pretende añadir a su portfolio de prestaciones sociales. ¿De dónde va a salir tanto dinero, si la pandemia se prolonga?
Lógicamente, la deprimente evolución del empleo es fruto del descalabro de la economía española, bajo la dirección de este Gobierno izquierdista. Los datos del Producto Interior Bruto (PIB) del 1º trimestre publicados por el INE denotan ya una caída sin precedentes del 5,2% respecto al trimestre anterior, en contraste con el aumento intertrimestral obtenido hasta el momento, y eso que tan solo se ha visto afectada la última quincena del período por el parón provocado por el Gobierno para luchar por la vía del confinamiento contra la pandemia. En el lado de la demanda destaca el significativo descenso del comercio exterior de bienes y servicios, especialmente en la vertiente turística, seguido de la caída del consumo de los hogares, sobre todo en bienes duraderos, y la formación bruta de capital, fundamentalmente en construcción de viviendas, contrastando con el crecimiento del consumo de las Administraciones públicas. En el lado de la oferta los descensos son particularmente notables en comercio, transporte y hostelería, aunque también destaca la bajada en las actividades artísticas, recreativas y otros servicios, en construcción y actividades profesionales, científicas, técnicas y otras. Todo indica que los resultados del 2º trimestre serán muchísimo peores, dependiendo del ritmo con que se acometan las distintas fases de la desescalada en los diferentes territorios.
En el Plan remitido por el Gobierno de España a la Unión Europea el 30 de abril se estima una caída del PIB para todo el año 2020 en torno al 9,2%, la mayor en toda la serie histórica.
Completan el cuadro macroeconómico los descensos anuales en la inversión (-25,5%), las exportaciones (-27,1%) e importaciones (-31%), el consumo privado (-8,8%) y el empleo (-9,7%), estimándose la tasa de paro en el 19% sobre la población activa, mientras que se prevé un aumento del consumo público (+2,5%). El déficit público se estima por parte del Ministerio de Hacienda en torno al 10,34% sobre el PIB, derivado de una caída de los ingresos tributarios y un aumento del gasto público, sin contar la Renta Mínima que el Gobierno pretende poner en marcha en breve; por lo que la deuda pública española alcanzará el 115,5% del PIB, superando su máximo nivel desde la pérdida de Cuba y Filipinas. Según las estimaciones del propio Gobierno, la recuperación se producirá a partir del año siguiente, pero será más lenta y prolongada, ya que el PIB aumentará en 2021 en torno al 6,8% anual y el empleo se recuperará tan sólo en un 5,7%.
Aunque a los pocos días la Comisión Europea difundió unas previsiones, validando con pequeñas modificaciones a peor las estimaciones del Gobierno de España, pero poniendo de manifiesto que tan sólo Grecia e Italia tendrán un impacto negativo mayor que nuestro país, a continuación la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha cuestionado las cifras para 2020 del Gobierno español, pero también han estimado una recuperación mucho más lenta de la economía y el empleo. Plantean dos escenarios, uno más optimista con hipótesis parecidas a las gubernamentales, pero no es descartable que se produzca un rebrote del covid19 en otoño lo que fundamenta un segundo escenario más cauto con un desplome de la actividad económica mayor. La AIReF llama la atención sobre el incremento en 2020 de un 6% en gastos de personal público, acerca del incremento en el tamaño del gasto de las AAPP y en la baja estimación de costes de la deuda pública. Pero donde hay diferencias es en el descenso del PIB para el año 2020, del 8,9% en el primer escenario y del 11,7% en el caso de evolución más adversa de lo esperado; también la diferencia es significativa en el déficit público estimado para dicho ejercicio, que estaría entre el 10,9% y el 13,8% sobre el PIB, o sea un desfase entre 8.000 y 35.000 millones de euros sobre los cálculos gubernamentales, que tendría su repercusión en el endeudamiento público que podría finalizar el año entre el 115% y el 122% sobre el PIB, en ambos escenarios, respectivamente. Según la AIReF, de los trabajadores afectados por ERTEs se estima que en torno a 1,2 millones irán a engrosar las filas del paro, pero tal vez pudieran quedarse cortos.
Si negro está siendo el balance de fallecidos a consecuencia de la pandemia del Covid 19, no todos reconocidos por las tergiversadas estadísticas gubernamentales, los impactos en la economía española, según los propios datos oficiales más o menos maquillados o camuflados, alcanza niveles de hecatombe, con las consiguientes secuelas negativas en el empleo, que volverá a batir sobradamente los récords de paro de anteriores crisis, siempre bajo gobiernos socialistas. Jamás, desde primeros del siglo pasado, nuestro país había sufrido semejante colapso socioeconómico, ni siquiera la gripe de 1918 o la guerra civil de 1936-39 habían dejado en estado tan comatoso nuestro sistema económico y de empleo. Incluso los datos barajados podrían ser todavía peores, por una peor evolución de la pandemia o por una deficiente gestión económica.
La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de Diputados, en la que en teoría se deberían negociar los nuevos Pactos de la Moncloa sugeridos por el Presidente del Gobierno, no ha empezado con buen pie, con nombramientos de personas sin el nivel ni el perfil adecuado, fruto del rodillo del PSOE y Podemos, que han impuesto su aritmética parlamentaria sin aportar ninguna dosis de generosidad propia de quienes quieren buscar acuerdos con el amplio espectro de la Cámara. No han tenido altura de miras y se ha impuesto el sectarismo y la ideología, despreciando a la oposición. En estas circunstancias, a España solo le queda ser intervenida por la UE y supervisada por los hombres de negro. Que nadie se haga ilusiones.
