/JUAN MARTÍN

La junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Segovia adjudicó en su última reunión, esta semana, las obras para construir un paso de inspección en el paño Norte de la Muralla de Segovia, entre el Alcázar y el jardín de los Zuloaga, con un coste próximo a los 400.000 euros.
El acuerdo de la junta de Gobierno adjudica provisionalmente los trabajos a CHM Obras e Infraestructuras SA, por importe de 320.604 euros, que se eleva a 378.312 al incluir el IVA, al entender que su oferta es la más ventajosa. Previamente, se rechazaron las ofertas de Calme SL, por no justificar su oferta incursa en presunción de temeridad; y la UTE Mestolaya-Construcciones OP Recio, por considerar que la oferta presentada no puede cumplirse como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados y que con la justificación aportada no acredita disponer de una situación marcadamente favorable en el mercado respecto a la situación de las demás empresas.
La alcaldesa accidental de la ciudad, Clara Luquero, indicó que las obras consistirán fundamentalmente en la eliminación de la vegetación existente en la zona, la nivelación del terreno y la construcción de una senda que permita controlar con facilidad el estado del monumento.
Además, la empresa ha ofrecido como mejoras, sin coste adicional para las arcas municipales, la ejecución de un murete de mampostería a dos caras, la colocación de una segunda lámina geotextil para drenaje, el levantamiento topográfico del paso de inspección de la muralla y la elaboración de una documentación final sobre la obra, todo ello con un valor conjunto de casi 37.000 euros.

Fondos europeos.- Clara Luquero recordó que los fondos para este proyecto en la Muralla proceden de distintos países europeos, dentro de una partida especial para poner en valor el Patrimonio segoviano que también permitirá actuar en el Acueducto, el cementerio judío o la zona de San Lorenzo próxima al río.
Se trata de fondos aportados por Islandia, Noruega y Liechtenstein, países que están fuera del espacio económico europeo, pero que tienen suscrito un acuerdo con Bruselas para favorecer proyectos en los países del viejo continente; y, concretamente, para la protección del medio ambiente, la promoción del desarrollo sostenible y la conservación del patrimonio.