El arquitecto Tomás Sanz Arranz, uno de los implicados en el caso de los miniapartamentos ‘ilegales’ junto al Eresma, ha presentado un recurso contra la propuesta de resolución del expediente sancionador abierto por el Ayuntamiento, y que, como anunció el alcalde, Pedro Arahuetes, plantea una fuerte multa, de 900.000 euros en total.
En el escrito de alegaciones al pliego de cargos, al que ha tenido acceso EL ADELANTADO, Sanz pide, literalmente, “tipificar las conductas como no sancionables y con carácter subsidiario para el caso de estimarse punibles en los términos formulados por el alcalde de Segovia, es decir grave en su grado mínimo imponiendo la sanción de 6.001 euros”. Para formular esta petición, en el escrito se alega “la existencia del acuerdo del Sr. Alcalde sobre la tipificación y sanción a imponer”. Sanz sostiene, según reza el escrito de alegaciones, que “el día 31 de octubre de 2006 se mantuvo a instancias del Sr. Alcalde una reunión en la Sala de la Chimenea” de la Casa Consistorial, a la que asistieron el representante de la sociedad promotora — “Hontanilla de Santo Domingo” S.A.— [Ángel Sancho], el concejal de Urbanismo [Juan José Conde] y el entonces concejal del PP, Ángel Beloqui. “El promotor —se dice literalmente en el escrito de alegaciones— grabó la conversación mantenida desconfiando, sin duda, de la recta intención del señor alcalde”.
A continuación, en el recurso se transcribe parte de esta presunta conversación, de la que se derivó, según afirma Sanz en el escrito, un “acuerdo y compromiso” que el alcalde “ha incumplido”. “No estamos ante conversaciones particulares. Es el alcalde de Segovia, Juez del Expediente, quien se compromete en el Ayuntamiento de Segovia y en presencia de testigos”, se afirma, textualmente, en el recurso presentado por el arquitecto.
En este sentido, Sanz propone que se acepte como prueba la “parte de la grabación que se adjunta en CD y su transcripción” y que la instructora recoja el testimonio de Arahuetes, Conde, Beloqui y Sancho. Incluso plantea que se realice una prueba pericial .“Para el caso —afirma el escrito de alegaciones— de impugnación de la la autenticidad de la grabación se proceda a su análisis por instituto homologado a efectos de verificar la posible manipulación de la misma”.
Por otra parte, Sanz pide incoar el expediente de recusación de la instructora, “declarando en su caso la nulidad de las actuaciones retrotrayendo éstas al momento anterior de la propuesta de resolución”. Según reza la alegación, “sorprendentemente la instructora del expediente es la Tesorera del Ayuntamiento, con una titulación de Economista, sin experiencia alguna en el ámbito de Urbanismo”. En otro párrafo del recurso, el alegante habla de una “falta de objetividad y la subordinación de la instructora al cargo político”.