. / JUAN MARTÍN

El decano del Colegio de Abogados de Segovia, Julio Sanz Orejudo, acompañado de otros dos integrantes de la junta de gobierno de este órgano profesional, ha denunciado hoy la situación que vive la justicia gratuita, entre la que se encuentra el turno de oficio, debido a la crisis económica y a lo recortes presupuestarios de las administraciones.

Sanz Orejudo ha explicado que el Consejo General de la Abogacía ha iniciado una campaña para trasladar a los ciudadanos “el recorte importante en los derechos de defensa de los ciudadanos”.

El objetivo de esta campaña es “crear un clima de opinión y hacer propuestas concretas para hacer viable la justicia gratuita en lo económico y en lo administrativo, potenciar la labor de los colegios de abogados y destacar la función social de la abogacía y del abogado de oficio como pieza angular del sistema”.

Así mismo, se trata de “transmitir a las administraciones que el modelo funciona y funciona las 24 horas del día, los 365 días del año”.

Para el decano de los abogados segovianos es “un derecho que hay que proteger” y ha apuntado que se han detectado carencias en materia de derechos de los ciudadanos extranjeros, con trabas burocráticas “incomprensibles” en algunas comunidades autónomas, un déficit estructura en materia de violencia de género e inseguridades jurídicas debido a la heterogeneidad que se produce en función de quién tiene las competencias de Justicia en cada comunidad autónoma.

En este sentido, Sanz Orejudo ha informado de que en Cataluña hay un pacto que hace que el sistema funcione bien, mientras que en la Comunidad de Madrid existe un claro conflicto entre el Gobierno autonómico y el Colegio de Abogados de Madrid. La situación en Castilla y León es intermedia porque las competencias son del Ministerio de Justicia y los abogados que están adscritos al servicio de justicia gratuita reciben las contraprestaciones económicas “en tiempo razonable” pero los baremos no se han modificado desde 2003.

Además, el decano ha lamentado “el callejón sin salida” del traspaso de competencias en materia de Justicia desde el Gobierno central a la Junta de Castilla y León. “Que las competencias vengan o no pero que dejen de marear y los políticos, todos, asuman sus responsabilidades”, ha añadido.

César Fraile y Elvira Sanz, ambos integrantes de la junta de gobierno del Colegio segoviano, donde son responsables del turno de oficio y de la justicia gratuita, han comentado la importancia de este sistema público “básico en un estado de derecho”, según el primero, mientras que la segunda han ofrecido los datos estadísticos correspondientes a la provincia de Segovia en este ámbito.