/J. MARTÍN

La propietaria de una clínica dental de la ciudad ha cerrado su negocio después de recibir un expediente por parte de la Inspección de Trabajo y de que una sentencia la condenara a contratar a dos odontólogos que trabajan como autónomos en sus instalaciones.
La propietaria de la Clínica, Renata Soltys, ha expresado su malestar por el trato recibido de la administración. Y ha asegurado que sólo se ha inspeccionado a su clínica. Además recuerda que una gran mayoría de las clínicas dentales mantienen contratos mercantiles con los odontólogos que ejercen en ellas, como era su caso.
La primera inspección que recibió la Clínica, situada en el número 117 de la Avenida José Zorrilla, se produjo en agosto de 2008 “para efectuar un control de empleo de las personas que en ese momento prestaban su servicio”, según una de la actas del Ministerio de Trabajo.
Posteriormente el caso se llevó como demanda de oficio al Juzgado de lo Social, donde quedó probado que dos odontólogos prestaban sus servicios para la clínica dental. La Inspección de Trabajo proponía que existía una “relación de naturaleza laboral” entre los dos odontólogos y la clínica. Y la impuso una sanción económica de 1.252 euros por no haber efectuado el ingreso de las cuotas de la Seguridad Social.
En su fallo, el Juzgado dio la razón a la Inspección de Trabajo, de modo que la clínica deberá contratar a los dos odontólogos. En todo caso, la sentencia ha sido recurrida ante el TSJ de Burgos, según indica la dueña de la clínica que a mediados de abril decidió finalmente cerrar el negocio.
En los últimos días ha recorrido numerosas instancias para protestar por la situación que considera “injusta” y se siente “perseguida” por la Administración. Asegura haber presentado la documentación al Defensor del Pueblo y confía en que finalmente pueda abrir su clínica.
Según afirma, la visita de la Inspección de Trabajo se produjo después de que ella solicitara la documentación de registro en la Seguridad Social, y recibió la negativa a darla el alta de actividad. Y argumenta que se la han puesto muchas trabas por su “condición de extranjera”.
Para expresar su malestar por el "trato discriminatorio" recibido por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social también ha colocado carteles informativos en la fachada de la clínica, donde pide disculpas a los pacientes que pueden haberse visto perjudicados por el cierre del negocio.
Pero además sostiene que también está padeciendo la presión de la administración al serle retenidas las cotizaciones y salarios de otra empresa suya dedicada a la limpieza.