La UE estudia las garantías legales para expulsar refugiados a Turquía

Los máximos mandatarios de los Veintiocho se reúnen para ajustar a derecho el acuerdo de deportación de todos los inmigrantes ilegales que lleguen a Grecia, incluidos los sirios.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea tratarán desde hoy de incorporar las garantías legales necesarias para que la expulsión a Turquía de todos los inmigrantes irregulares que lleguen a Grecia, incluidos los refugiados sirios, puedan llevarse a cabo “con absoluto respeto” al Derecho Europeo e Internacional.

“Lo más importante, y es algo que no comprometeremos, es la absoluta necesidad de respetar tanto nuestro Derecho Europeo como el Derecho Internacional. Es indispensable, de lo contrario Europa no podrá ser más Europa”, advirtió ayer el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. De hecho, durante las negociaciones de los últimos días se ha “reforzado” el lenguaje que apoya la legalidad del pacto en la propuesta que se redacta para Ankara, según informaron fuentes europeas.

Los líderes europeos deben resolver primero las reservas que existen entre los estados miembros sobre el contenido del acuerdo y ya mañana trasladarán su propuesta definitiva al primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, que viajará a Bruselas para sumarse al encuentro.

La medida más polémica es la deportación de refugiados sirios a Turquía, como modo de presión para que quienes buscan protección internacional cejen en su intento de entrar de manera irregular en la Unión Europea.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), entre otros, criticó la “ilegalidad” de este plan y las capitales trabajan ahora en un modelo que asegure el “trato individual” de cada expediente “en Grecia”. El objetivo es defender que no habrá devoluciones ‘en caliente’ ni colectivas y, por tanto, estará en línea con lo que dicta la directiva de asilo, la Carta de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra.

La Unión Europea ofrece a cambio un plan para la reubicación directa desde Turquía de tantos refugiados sirios como sean expulsados desde Grecia, lo que, aseguran, servirá par “romper el modelo de negocio” de las mafias que trafican con personas. Se trata de aplicar el principio “uno por uno”, en un sistema que debe ser “de naturaleza temporal”, según subraya un alto funcionario europeo, que adelanta que si funciona este plan se daría más adelante paso a un programa voluntario para seguir reubicando refugiados a largo plazo.

Los mandatarios europeos deberán también aclarar cómo se repartirá entre los estados miembros la carga de acogida de la fórmula “uno por uno”, ante el temor de algunas delegaciones de que se convierta en “un millón por un millón”.

Una posibilidad es utilizar las plazas sin asignar de los programas europeos para la reubicación de 160.000 demandantes de asilo instalados en Grecia e Italia (54.000) y del traslado de otros 22.000 refugiados desde los países vecinos de Siria con mayores campamentos de acogida, entre ellos Turquía (18.000). Ello implicaría que los estados miembros ofrecerían de partida 72.000 plazas para refugiados llegados desde Turquía.

Otro escollo importante en las negociaciones es la disputa territorial entre Chipre y Turquía, que ha quedado vinculada a los avances en algunas de las disposiciones del acuerdo, por ejemplo, en la apertura de nuevos capítulos en la negociación para la adhesión al club comunitario o agilizar los trámites para poner fin a la política de visados para los turistas turcos.

El presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, viajó a Bruselas ayer para mantener contactos previos con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz.

Anastasiades advirtió a Tusk cuando le visitó en Nicosia esta semana de que no aceptará abrir ningún nuevo capítulo para la adhesión de Turquía si este país no asume “sus obligaciones” y reconoce a Chipre. También consideró “inaceptable” tratar de que la responsabilidad del acuerdo “recaiga” sobre los hombros chipriotas.

La petición de Ankara de doblar hasta los 6.000 millones de euros la ayuda a los refugiados en Turquía que la UE está dispuesta a pagar a cambio de que contenga el flujo migratorio es otra de las cuestiones abiertas.

Las fuentes no consideran que sea una de las cuestiones más problemáticas y esperan de los líderes una señal positiva, aunque no está claro si incluirán la cifra de 3.000 millones adicionales o lo dejarán en una referencia a aportaciones adicionales cuando se agoten los primeros fondos.