Antón (i) y De Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa. / R. C. (Ical)

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el proyecto de Ley por el que se regula la Renta Básica de Ciudadanía de Castilla y León que, posteriormente, pasará a tramitarse en las Cortes «con la mayor agilidad». Además, el Gobierno regional se comprometió a resolver las solicitudes de este «derecho subjetivo» de los ciudadanos de la Comunidad en un plazo máximo de tres meses desde que se presente la petición.
Así lo señaló el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, quien compareció en rueda de prensa junto con el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago Juárez. Antón no se atrevió a fijar una fecha de aprobación en el Parlamento regional, por lo que no precisó si podría ponerse en marcha antes de que concluya el actual periodo de sesiones en el mes de junio.
En todo caso, Antón subrayó el doble carácter de este derecho subjetivo ya que, por un lado, establece el derecho a las personas que no perciben ningún ingreso a recibir esta prestación de 425,6 euros, al tiempo que le obliga a recibir un conjunto de actuaciones que le pretenden ayudar a salir de la situación de exclusión social. Precisamente, este proyecto de Ley introduce, dijo, un «nuevo concepto» de exclusión social, que puede darse por necesidades estructurales o coyunturales.
El consejero señaló que podrán solicitar la percepción de este derecho los ciudadanos de Castilla y León de entre 25 y 64 años, los extranjeros refugiados o con solicitud de asilo en trámite y a las mujeres víctimas de violencia de género que por este motivo se hayan trasladado a la Comunidad desde otra región de España. Además, el proyecto otorga a la Renta la consideración de renta familiar, esto es, la consideración de beneficiarios tanto a su titular como a los restantes miembros de la unidad familiar o de convivencia.