El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa. / Ical

La Junta reducirá a casi la mitad su oferta de empleo público este año, al fijar 1.467 plazas, 1.332 menos que hace un año. Así se acordó ayer en la reunión del Consejo de Gobierno, que dio luz verde al decreto de la Oferta de Empleo Público 2010 que garantiza la prestación de los servicios públicos esenciales, según explicó el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez.
La oferta, «acorde con la situación económica actual y marcada por la austeridad en el gasto público», apuesta por los servicios sociales, la sanidad y la educación a la vez que garantiza la calidad del empleo público. De hecho, los sectores prioritarios a los que se dirige son sanidad, educación, servicios sociales, protección del medio ambiente y desarrollo rural, favoreciéndose la incorporación de nuevos efectivos en los territorios con mayores necesidades y reforzando especialmente los servicios periféricos de la Administración de la Comunidad.
El decreto aprobado recoge que en el ámbito de la Administración general la tasa de reposición de efectivos es de un diez por ciento, algo que no afecta a sanidad y educación. La distribución de las plazas establece que en Administración general serán 384 plazas, 198 de funcionarios y 186 de laborales, en educación, 526 plazas, mientras que para sanidad se reservan 527 plazas, y para administración local, 30 plazas.
Además, De Santiago-Juárez sostuvo que con esta oferta la tasa de interinidad en la Administración de la Comunidad se situará por debajo del cinco por ciento. Un porcentaje que en educación y sanidad se sitúa entre el cinco y el seis por ciento. En esta última materia, recordó, a principio de legislatura la interinidad estaba en el 17 por ciento y cuando se traspasaron las competencias sanitarias era del 34 por ciento.
Asimismo, se apuesta por la calidad del empleo público a través de la promoción interna vinculado a los compromisos recogidos en el Acuerdo Marco, suscrito con las organizaciones sindicales, sobre los principios de las políticas de función pública para la profundización en la modernización y mejora de la administración.
De este modo, se incorpora un número de plazas, 320, para contribuir a un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y garantizando el derecho de los empleados públicos a la carrera administrativa. Además, impulsa la consolidación de empleo en el ámbito de sanidad y educación para cumplir el compromiso de legislatura de reducir la tasa de interinidad.
La oferta reservará un porcentaje del diez por ciento sobre el total de las plazas autorizadas y podrá destinarse hasta un diez por ciento de ese cupo para las personas con especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de trabajo.
De acuerdo con la Ley de Función Pública, los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia. En aquellos procesos selectivos en los que existan pruebas físicas, se establecerán baremos diferentes para mujeres y hombres cuando la naturaleza de las pruebas lo requiera o exista alguna justificación legítima y proporcionada del diferente trato. Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas en los términos que establezcan las bases de convocatoria a estos efectos.
La información relativa a las convocatorias de las pruebas y al desarrollo de los procesos selectivos derivados de la presente oferta de empleo público se incluirá en la página web de la Junta de Castilla y León, http://www.jcyl.es, y se remitirá al Servicio Telefónico 012 de Información y Atención al Ciudadano y a las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano. Las solicitudes se pueden presentar telemáticamente cuando se hayan convocado las plazas.

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