Tomás Villanueva conversa, en una imagen de archivo, con el presidente de Caja de Burgos, José María Arribas. / Ical

El presidente de Caja de Burgos, José María Arribas, aplazó ayer la reunión del Consejo de Administración de la entidad convocado para esa misma tarde en el que estaba previsto someter a votación la integración en el Grupo Banca Cívica ya que consideró que una decisión de esta índole «requiere del máximo consenso y unanimidad», algo que no se producía ya que tanto los seis consejeros pertenecientes al PP como el representante de UGT tenían intención de oponerse o abstenerse, lo que en la práctica suponía el rechazo del proyecto. Esta decisión provocó varios movimientos, entre ellos el del presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien mantuvo un encuentro con los máximos presidentes populares de Burgos, César Rico, Ávila, Antolín Sanz y Segovia, Grancisco Vázquez.
Aprovechando esta situación, Herrera decidió moverse e implicarse «a todos los niveles» para favorecer una alianza a tres entre Caja de Burgos, Caja de Ávila y Caja Segovia, si bien aún no está decidido el camino que deberían seguir estas tres entidades en conjunto ya que el Banco de España ha dejado claro que una unión en la que sólo participen estas cajas no es suficiente para sus planes de reordenación y para garantizar el futuro de las mismas. El primer paso de esta implicación llegó con la reunión que mantuvo con César Rico, Antolín Sanz y Francisco Vázquez, para retomar la idea de la alianza que lanzara el vicepresidente económico, Tomás Villanueva, la pasada navidad. Precisamente en este encuentro estuvo Villanueva, además del secretario autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco.
Mientras, la entidad burgalesa comunicaba a los consejeros su decisión por sms, si bien a lo largo de la tarde el secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Gutiérrez, se puso en contacto uno a uno con todos los miembros del máximo órgano para explicarles las causas. Caja de Burgos emitió también un comunicado en el que se aseguraba que el aplazamiento del Consejo se decidió tras mantener durante la mañana de ayer conversaciones con los máximos responsables del Banco de España y la Junta de Castilla y León. Asimismo, el comunicado insistía en que una decisión de esta índole requiere del máximo consenso y unanimidad, premisa histórica en las decisiones de los Órganos de Gobierno de la Entidad.
Una vez tomada la decisión de aplazar el Consejo, la entidad asume el compromiso de intentar alcanzar el consenso en un corto plazo de tiempo, para lo cual Caja de Burgos ya se ha fijado el objetivo de mantener encuentros en dos sentidos.
Por un lado, tiene la intención de reunirse conjuntamente con Banco de España y Junta de Castilla y León con el objetivo de acercar posturas de cara al futuro de la caja. Y, por otro lado, la entidad solicitará a la Consejería de Economía y Empleo un encuentro conjunto y urgente con representantes de Caja de Ávila y Caja Segovia.
Según informaron fuentes de la entidad, el tiempo de maniobra que tiene ahora la caja «es muy limitado» por lo que la reunión con los responsables del Banco de España y la Junta de Castilla y León debe producirse de forma inmediata. En este sentido, consideraron que este encuentro «será clave» para determinar el futuro de la entidad financiera ya que de ahí saldrán las directrices y la dirección que debe tomar no sólo Caja de Burgos, sino el resto de las entidades de la Comunidad.
Por su parte, Juan Vicente Herrera, quiere «reflexionar» sobre la necesidad de ordenar todo el proceso y volver a un modelo en el que estén integradas la mayoría de las cajas de la Comunidad.
Estas incógnitas son las que deben despejarse en la reunión con el Banco de España y la Junta de Castilla y León que, según estas fuentes, debería producirse mañana mismo o en muy pocos días.
Fuentes de la entidad valoraron también la decisión de José María Arribas de aplazar el Consejo de Administración decisorio, en aras de buscar un máximo consenso, pero lo interpretaron en la necesidad de alcanzar ese acuerdo no sólo en el seno del máximo órgano de la entidad, sino con instituciones como la Junta de Castilla y León y el Banco de España.
Mientras, fuentes políticas recordaron recientemente que las Cortes de Castilla y León confirieron al Ejecutivo autonómico la capacidad de vetar cualquier operación de integración de las cajas de Castilla y León, una postestad que, dijeron, se utilizará «siempre» pensando en los intereses generales de la Comunidad.

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