Ocho representantes políticos, tres empresarios, dos sindicalistas, dos profesores universitarios y dos abogados tienen en sus manos la decisión de sumar a Caja de Burgos al proyecto Banca Cívica, un SIP que incorporaría junto a la entidad burgalesa a Caja Navarra y a Caja Canarias, y que cuenta con el frontal rechazo de la Junta, que en boca de su vicepresidente segundo, Tomás Villanueva, se ha mostrado reiteradamente en contra de esta iniciativa. PP, PSOE, UGT, CCOO y Cecale hicieron ayer público un comunicado conjunto en el que secundaron las tesis del vicepresidente segundo e instaron a la Junta a que rechace cualquier proyecto que suponga debilitar el sistema financiero y su compromiso preferente con los intereses de la región.
Únicamente, UGT, con un representante en el máximo órgano, se ha mostrado en contra de esta ‘fusión fría’ en boca de su secretario regional, Agustín Prieto. Su representante en el Consejo de Administración, José Antonio Gutiérrez, anunció su voto en contra porque la entidad se convertirá «en una delegación territorial, sin soberanía para tomar decisiones».
Por el contrario, el PSOE en Burgos, con dos representantes, se inclina a favor de los planes del equipo directivo ya que el portavoz municipal y consejero de la entidad, Luis Escribano, acusó públicamente a Villanueva de «desestabilizar» a la caja y de «amedrentar» y «coaccionar» a los integrantes del Consejo. Si los dos consejeros se posicionan a favor estarían desoyendo el discurso de la dirección regional de la formación, que en esta cuestión ha mantenido firme su acuerdo con el PP y la Junta.
Sin embargo, serán los seis miembros del PP quienes tengan en su mano respaldar la integración. En las últimas horas, estos consejeros han recibido el contrato de constitución del SIP y lo están analizando, si bien fuentes consultadas explicaron que algunos de los puntos recogidos no eran satisfactorios. Los contactos han sido constantes con los responsables de la dirección regional del partido que buscan de este modo paralizar el proyecto y evitar que tenga que ser la Junta quien tenga la última palabra mediante el ejercicio, o no, del derecho a veto.
También, la dirección de Caja de Burgos mantiene una agenda incesante a la búsqueda de apoyos. Al ya conocido respaldo de la patronal burgalesa FAE, ayer se sumó un comunicado suscrito por cuatro grandes empresas de Burgos -Grupo Antolin, Grupo Cropu, Grupo Leche Pascual y Campofrío- en las que se unían a un proyecto que, dicen, contribuirá «al refuerzo y afianzamiento de la solvencia de las cajas de ahorro integradas».

Una postura firme de Comunidad

PP, PSOE, UGT, CCOO y Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) emitieron ayer una declaración conjunta en la que instan a la Junta a rechazar, mediante su derecho a voto, aquellas operaciones de integración de cajas de ahorro que «desintegren o debiliten» el sistema financiero regional, que no garanticen la naturaleza jurídica de las entidades o que no especifiquen «un compromiso preferente con los intereses generales de los castellanos y leoneses».
Asimismo, los principales partidos políticos y agentes sociales y económicos apuestan por la «potenciación de todos los instrumentos de cooperación interna hoy existentes, como paso previo imprescindible para acometer otras posibles alianzas con entidades de otras comunidades». Las organizaciones que suscriben la declaración entienden que el proceso de reestructuración es «necesario y urgente» en la Comunidad, y que éste, por encima de todo, debe responder al interés general de Castilla y León. En este contexto, instan y apoyan a la Junta, para que «vele por el exacto cumplimiento» de los principios y objetivos pactados en la declaración conjunta, en el ejercicio de su potestad en relación a estos procesos, «rechazando los que sean manifiestamente incompatibles» con ellos.
Por último, reiteran el valor que para estas organizaciones tienen el diálogo y los consensos alcanzados con el Gobierno de la Comunidad, en el ejercicio de las competencias que a éste reconoce el Estatuto de Autonomía en estas materias, con la finalidad de impulsar un proceso de reestructuración del sistema financiero de Castilla y León.