José Antonio de Santiago-Juárez a su llegada a la rueda de prensa para explicar el Consejo de Gobierno. / Ical

La Junta ha remitido al Gobierno una propuesta de traspaso del Duero en la que precisa el límite de las funciones y los servicios a transferir a la Comunidad y que va avalada por un informe jurídico, con el objetivo de que se suscriba antes del verano. El nuevo documento «aclara una a una» las competencias a las que aspira la Comunidad, basadas en el traspaso suscrito por el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, para Andalucía, en relación al Guadalquivir.
El portavoz y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, anunció ayer, tras el Consejo de Gobierno, que convocará al grupo de trabajo sobre esta materia dentro de la Comisión Mixta Gobierno-Junta en la segunda quincena de febrero, con el reto de suscribir un acuerdo antes del verano, cuando finaliza la Presidencia de la Castilla y León del foro. La propuesta regional expresa que la aprobación del real decreto de traspaso se producirá en un año tras la firma del acuerdo inicial. De Santiago-Juárez recordó que en septiembre la Junta remitió una propuesta al Gobierno basada en el «modelo adecuado» del Guadalquivir, y que recibió una contestación por parte del Ejecutivo central, tres meses después, totalmente «descafeinada».
En este sentido, la Junta mantiene sus aspiraciones iniciales en el nuevo documento, donde desgrana todo el arco competencial que considera propio de la región, conforme al Estatuto, y lo avala con un informe jurídico. El consejero portavoz concretó que presentará el texto a CCOO, UGT, Consejo Regional de Cámaras de Comercio, organizaciones profesionales agrarias, Federación de Regantes, Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) y grupos políticos con representación parlamentaria en varios encuentros el 1 de febrero.

Competencias. El Ejecutivo autonómico aspira a regir en el uso del agua para abastecimiento y regadío; en su tutela y control, como la autorización de vertidos o el régimen sancionador, y en las obras hidráulicas, como embalses, presas, depuradoras y laminación de avenidas. En materia de infraestructuras se mantendrán las obras de interés general reservadas para el Gobierno, aunque incidió en que es preciso que éstas se definan claramente. La Junta quiere también a la tutela de las comunidades de regantes, en la actualidad en manos de la CHD, porque el 80 por ciento del agua que se consume es para regadíos.
De Santiago-Juárez dijo que se respetará el convenio de España con Portugal en la gestión del río, «No podemos firmar convenios internacionales, pero podemos ejecutarlos», resumió.
Finalmente, se mostró «optimista» en lograr un acuerdo dentro del grupo de trabajo con el Gobierno, aunque asumió que las transferencias son «difíciles». Aún así asumió que Castilla y León llegará «hasta donde haga falta» para lograr su desarrollo estatutario.